El Gobierno plantea subir a 33 los años cotizados para acceder a la jubilación parcial

Durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo para evaluar los cambios en las jubilaciones anticipadas y parcial, así como la posibilidad de compatibilizar pensiones con salarios, Burgos ha subrayado que la jubilación parcial es un mecanismo "muy privilegiado"con cargo "exclusivo"a la Seguridad Social.

Según Burgos, los jubilados que optan por esta modalidad en muchos casos ni siquiera cumplen con las horas que deberían hacer y trabajan de forma "poco compatible"con el contrato de relevo.

Aunque todavía no ha entrado en vigor la última reforma de pensiones, acordada en 2011 por el anterior gobierno socialista y los agentes sociales, Burgos ha dicho que las normas no son intocables, ni los errores que contienen deben ser "irremisiblemente arrastrados".

Además, ha planteado que sea compatible la pensión y un salario, y ha señalado como ejemplo que con una percepción del 60 % de sueldo a la que se acogieran el 25 % de los pensionistas, el ahorro para el sistema podría llegar a casi 500 millones al año en unos años.

Propone retrasar la jubilación anticipada a los 65 años
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, abogó este jueves por retrasar la edad de acceso voluntario a la jubilación anticipada a los 65 años y la parcial a los 63 años en el año 2027, cuando concluya el periodo transitorio que llevará la edad ordinaria de retiro de los 65 años a los 67 años.

Así lo anunció en su intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, donde apuntó que estas modificaciones están basadas en "criterios de lógica y de coherencia", y responden a "desajustes, incoherencias e inequidades"que, en su opinión, existen actualmente en el sistema de pensiones.

El Ejecutivo defiende que las edades de jubilación anticipada y parcial deben evolucionar "en línea"con la edad ordinaria. Así, si ésta se retrasa dos años, el retiro anticipado debería ser, según Burgos, "a los 65 años cuando concluya el periodo transitorio"y, en la misma lógica, la jubilación parcial pasaría a los 63 años.

No obstante, el secretario de Estado admitió que estas medidas no supondrán un "ahorro inmediato"pero añadió que sí que tendrán una "clara incidencia"en la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Burgos defendió que las propuestas del Gobierno, que incluyen el retraso en la edad de acceso a la jubilación anticipada y parcial, los años de cotización requeridos y la modificación de los coeficientes reductores, no tendrá efectos importantes de forma inmediata pero "sí tendrán una clara incidencia en la sostenibilidad futura del Sistema".

En este sentido, subrayó que las medidas que propone el Ejecutivo suponen "correcciones y ajustes técnicos, pero no altera en esencia el sistema y supone un importante ahorro de costes".

Burgos, avanzó que el Ejecutivo "mantendrá"las medidas incluidas en la reforma de pensiones del anterior Gobierno, como el retraso de la edad de jubilación, que, "aunque hubiéramos hecho distintas, consideremos que pueden contribuir y ser beneficiosas, pero no las que no lo sean".

En este sentido, añadió que el Gobierno no puede "voltear"el sistema de pensiones pero "sí introducir correcciones que no responden a una línea ideológica, sino a la realidad". También explicó que los cambios no afectarían a una serie de jubilaciones anticipadas, como la de las personas con discapacidad o la de los trabajos penosos.

Asimismo, se mantendrían las modalidades, requisitos de acceso y cuantías para las personas cuya relación laboral se extinguiera antes de la entrada en vigor de esta reforma, así como la de los afectados en expedientes de regulación o concursos de acreedores suscritos con anterioridad.

Por otro lado, Burgos criticó que algunas medidas adoptadas en anteriores legislaturas "han sido contraproducentes para promover la permanencia en activo"de los trabajadores una vez cumplida la edad de jubilación.

En cuanto a la jubilación parcial, el secretario de Estado criticó que ha supuesto una "fórmula privilegiada"de retiro anticipado sin coeficientes reductores y cuyo coste ha recaído sobre la Seguridad Social.

En este caso también abogó por incrementar en un 50% la jornada mínima que deben realizar los jubilados parcialmente que en la actualidad la ley sitúa en el 25% de la jornada habitual, pero que en realidad se acerca al 20%.