El juez ordena que se localice a las «traductoras rumanas»

VALENCIA- El juez instructor del «Caso Emarsa» dictó ayer orden a la Policía para que localice a las mujeres que se alojaron en diversos hoteles por cuenta de la empresa y que, según su exgerente, Esteban Cuesta, trabajaron para la misma como «traductoras».

El pasado noviembre Cuesta declaraba ante el juez que las intérpretes realizaban trabajos para Emarsa, que buscaba hacer negocios en Rumanía, y por ello se alojaban en hoteles de Alicante y Benicàssim, a pesar de que la depuradora se halla en Pinedo. También admitió que se hospedaba en dichos establecimientos, en ocasiones en habitaciones contiguas.

 Además de la comparecencia de las supuestas traductoras, el juez solicitó ayer informes caligráficos para determinar la validez de diferentes contratos firmados por Cuesta y el exdirector de calidad y exconcejal del PP Carlos Gimeno. Asimismo, el instructor ordenó el embargo de dos viviendas, dos vehículos, seis cuentas bancarias y bonos de la Generalitat por valor de 48.000 euros, entre otros bienes, del exalcalde de Manises, expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, para cubrir la fianza de 25 millones de euros que le impuso.

El pasado 2 de marzo, el abogado de Crespo presentó un escrito ante el juzgado en el que limitaba los bienes de su cliente, pero el juez consideró ayer incluir los saldos de seis cuentas bancarias y una plaza de garaje.

El exalcalde de Manises, en libertad provisional, comparecerá hoy en el Tribunal tal y como se acordó la semana pasada cuando le fue retirado su pasaporte ante el riesgo de fuga.

Los miles de folios del auto sobre el saqueo en la gestora de la depuradora de Pinedo incluyen facturas falsas, cobros por trabajos no realizados, negocios privados en Europa del este con dinero público, regalos caros, viajes particulares a cargo de la tarjeta de la empresa y sospechosos servicios de traducción de intérpretes. Actualmente, existen 27 imputados y 50 empresas y proveedores sospechosos de facturar de modo irregular, lo que suma un fraude que ronda los 30 millones de euros.

Mientras, Les Corts siguen con el calendario previsto de una comisión de investigación que la oposición califica de «paripé» por la ausencia de responsables políticos como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o del presidente del Parlamento valenciano y exconseller de Medio Ambiente, Juan Cotino.