La red mafiosa recibió ayuda del consulado español en Pekín

MADRID- Trato privilegiado por parte de funcionarios policiales de Leganés y Fuenlabrada para sus negocios, vínculos «con los responsables del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería en Madrid del Cuerpo Nacional de Policía», explotación laboral, inmigración ilegal, matrimonios «forzados», cobro de importantes cantidades de dinero para regularizar la situación de ciudadanos chinos que llegaban a España. Y todo con la colaboración de algún funcionario del Consulado español en Pekín y canalizado a través de la salida de ingentes cantidades de dinero que no se declaraba y que procedería, en gran parte, del contrabando «camuflado en falsas remesas de inmigrantes, utilizando documentación falsa a través de gestoras de transferencias». Éste es parte del modus operandi de la red de blanqueo dirigida presuntamente por Gao Ping, que utilizaba el polígono «Cobo Calleja» de Fuenlabrada como «cuartel general», desde donde articulaba todo el entramado defraudatorio, según algunos de los autos dictados por el juez Fernando Andreu.

Del trato «privilegiado» en favor de algunos empresarios chinos radicados en el citado polígono se habrían beneficiado, también, «responsables del Ayuntamiento de Fuenlabrada», donde los miembros de la red «ejercerían una gran influencia sobre algún concejal».

Otro de los pingües negocios de la red se centraba en la inmigración ilegal, para la cual contaba con la colaboración de una gestoría, que era la que se dedicaba a la regularización de ciudadanos chinos a cambio de importantes sumas de dinero. En concreto, el juez señala que esa regularización tenía un precio que oscilaba entre los 16 y 18.000 euros, «salvo que decidieran trabajar entre dos o tres años de forma gratuita en los negocios que tienen establecidos en España para resarcir las deudas contraídas».

Pero, además, para hacer posible ese fraude, la trama extendía sus tentáculos hasta el mismo consulado español en Pekín. «La gestoría contaría con la colaboración de algún funcionario del consulado español de Pekín» –recalca el juez– que «estaría cobrando importantes cantidades de dinero para facilitar la expedición de visados a los ciudadanos chinos que viajarían a España sin problemas, contando con el visado». Junto a ello, recaudaban igualmente importantes cantidades al sustituir a ciudadanos chinos que se examinaban del carné de conducir por otros con experiencia. El precio, 8.000 euros.

Ayer mismo, el juez ordenó el ingreso en prisión del empresario Oriol Mestre y dejó en libertad a otros cuatro arrestados, entre ellos un sargento de la Guardia Civil y un inspector de Policía.

«Si me detienen por una botella de vino...»
El ya ex concejal socialista de Fuenlabrada imputado por su presunta vinculación con la «operación Emperador», José Borrás, compareció ayer para defender su inocencia. En su primer acto público tras presentar su dimisión, quiso dejar claro que no ha participado «en ningún delito» y que si ha renunciado a su cargo es para poder «defenderse mejor» y «no perjudicar» ni al alcalde ni a su grupo político ni a la imagen de la ciudad. «Les puedo asegurar que soy inocente y por eso estoy aquí dando la cara y mirándoles a los ojos», dijo. Borrás negó tener nada que ver con la trama. «Si me han detenido por haber recibido una botella de vino...», deslizó tras negar haber aceptado sobornos.