Desequilibrio constitucional

El Tribunal Constitucional cerró una etapa convulsa con el relevo de María Emilia Casas, marcada por el debate del Estatut, la polémica prórroga de la presidencia de la propia Casas y el bloqueo del PSOE en las negociaciones para renovar a los magistrados, que provocó que una mayoría de ellos continuara en su puesto con el mandato caducado y, por tanto, propició una situación de interinidad en el Tribunal que, si bien no mermó su legitimidad, no era el estatus más conveniente. Esa situación se prolongó a costa del prestigio de la institución.

Con la elección de Pascual Sala como nuevo presidente y de Eugenio Gay como vicepresidente, el Tribunal Constitucional no envió ayer el mensaje adecuado si pretende enmendar los errores del pasado. La realidad fue distinta. El sector progresista aprovechó una mayoría holgada coyuntural para romper el equilibrio imperante tradicionalmente en el órgano e imponer a dos candidatos muy señalados en puestos clave. Aunque no cuestionemos la formación ni la capacidad de Sala y Gay, e incluso celebremos que al fin sea un magistrado de carrera, el presidente del TC, sus perfiles son los de juristas progresistas, de gran sintonía con el PSOE, sobre todo Sala, y que defendieron, por ejemplo, un Estatuto de Cataluña sin recortes.

Tras la reciente entrada de los cuatro magistrados designados por el Senado, el nuevo reparto de fuerzas ha deparado que la minoría conservadora cuente con cuatro de los once magistrados que componen el pleno, ya que la vacante causada por la muerte en 2008 de Roberto García-Calvo sigue sin cubrirse. Con esta anormal y desajustada formación, parece lógico que se hable del carácter interino de los nombramientos, dado que el propio Gay tiene su mandato vencido, al igual que los otros tres magistrados que esperan ser renovados por el Congreso. Se quiera o no, esta situación cuestiona en su origen a cargos tan relevantes y aconseja repetir su elección cuando el Constitucional tenga su composición definitiva.

Para el Tribunal cualquier actuación que le sitúe fuera de la normalidad democrática no es positiva, y esa condición eventual que desprende lo hace. Los precedentes, sin embargo, sugieren que ni el Gobierno ni el PSOE actuarán con la responsabilidad necesaria, ahora que se han asegurado un TC dominado por los magistrados propuestos a instancias del Grupo Socialista. La izquierda tiene la pésima costumbre de instrumentalizar las instituciones en su propio beneficio siempre que puede o se lo permiten.

Quebrado el equilibrio, facilitado por una composición de fuerzas más ajustada que propiciaba, por ejemplo, un presidente y un vicepresidente de cada sector, las esperadas sentencias sobre iniciativas de tanta controversia social como las del aborto, matrimonio homosexual, la carrera militar o la prohibición de las corridas de toros parecen cantadas a favor de las tesis del Gobierno. Que el máximo intérprete de la Carta Magna actúe bajo estos condicionantes no sólo debilita al Tribunal, sino que afecta también al Estado de Derecho. Urge que el TC deje de ser objeto de manejos políticos al servicio de estrategias cortoplacistas del partido en el Gobierno. Un Constitucional sin la autoridad que le concede el prestigio no cumple con su función.