La falta de apoyos obliga al PSOE a tramitar el texto como proyecto de ley

MADRID- La reforma laboral que aprobará mañana el Consejo de Ministros por decreto será provisional, aunque el texto se publique en el BOE al día siguiente de su convalidación en el Congreso. La norma definitiva no estará lista por lo menos hasta el próximo noviembre. ¿Motivo? La falta de apoyos del Gobierno le ha obligado a aceptar que el texto se tramite como proyecto de ley, lo que facilitará, sin duda, la convalidación del decreto el próximo día 22 cuando se someta a consideración en la Cámara Baja. Y es que de esta forma los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas al texto y hacer sus aportaciones. El Ejecutivo logra así un doble objetivo. Por un lado, dar mayor seguridad jurídica al nuevo marco laboral, que modificará leyes clave como el Estatutode los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Empleo. De otro, Zapatero gana tiempo tiempo para conseguir los apoyos políticos con los que hoy por hoy no cuenta, ya que tanto CiUcomo el PNV le han hecho saber que no están por la labor de asumir la reforma en los términos planteados por el Gobierno.El propio Rodríguez Zapatero recordó ayer ante la Ejecutiva del PSOE que no hay precedentes en España de una reforma laboral aprobada por decreto-ley, más que la que aprobó Aznar en 2002 y fue anulada en parte por el Constitucional en 2007, mucho después de que el Gobierno de entonces suavizara los puntos más polémicos. El presidente dijo también ante la dirección federal de su partido que con la tramitación como proyecto de ley, el Gobierno dará así ocasión al resto de formaciones para que presenten su alternativa de reforma laboral. Dicho de otro modo, que cada grupo se «retrate» ante la tribuna del Parlamento, en especial todos aquellos que llevan meses urgiendo la reforma y ahora no están dispuestos a apoyar el texto del Gobierno que, en palabras de Zapatero, «es sensato y equilibrado» con las posiciones de sindicatos y empresarios en la mesa de diálogo social. El presidente del Gobierno abundó ayer ante los suyos en el argumento de que hoy en día un 80 por ciento de los despidos son disciplinarios, frente a un 20 por ciento de despidos objetivos, una situación que no se corresponde con la situación económica.Lo que no dijo es si el Gobierno propondrá en el decreto fijar en seis meses de pérdidas el requisito que tengan que acreditar las empresas para recurrir al despido objetivo. De momento, en el PSOE ven con buenos ojos esta propuesta aunque también creen necesario afinar otros requisitos, por ejemplo si las pérdidas computadas deben ser de la empresa global o de cada centro de trabajo.