Memoria económica

Un proyecto de ley o de reglamento exige lo que se llama «memoria económica». Sirve para saber cómo se financiará la futura norma. Esto se exige para proyectos de ley y de reglamento pero no para una Constitución. Así cuando se elaboró la Constitución no hubo memoria económica alguna, como tampoco cuando se trata de un estatuto de autonomía. Ahora bien, es aconsejable reflexionar sobre tales extremos porque el pueblo soberano que se dota de esas normas básicas debe saber si tiene capacidad económica para sostenerlas, luego para que se apliquen.

Probablemente de haberse elaborado una memoria económica de lo que en su momento era el proyecto de Constitución, los españoles nos habríamos dado cuenta de que nos iba a regir un texto bastante caro; nos dimos un sistema constitucional que iba a exigir a todos un importante esfuerzo económico para que buena parte de sus previsiones se hiciesen realidad, lo que se acentúa en los últimos estatutos de autonomía que tiran la casa por la ventana.

Proclamar derechos y libertades está muy bien, pero se necesita una Justicia ágil y eficaz para hacerlos realidad, como también tiene su coste crear un Tribunal Constitucional o el sistema parlamentario bicameral o la Casa Real o que haya un Defensor del Pueblo, etc. Y no digamos que se dote de autonomía a provincias y municipios o surjan de la nada las Comunidades Autónomas, órganos en los que se descentraliza la acción política, clonando la organización estatal.

Pero lo que encarece la Constitución es atribuir a los poderes públicos el deber de crear y mantener un abanico de servicios y competencias que concretan el Estado del Bienestar. Se prevé así que «los poderes públicos» procurarán la tutela de la salud, del medioambiente, una vivienda digna y adecuada, la gratuidad de la enseñanza, unas pensiones dignas y así un largísimo etcétera al que se añaden los aún más largos etcéteras de las leyes que desarrollan la Constitución. Repito: todo esto exige gran capacidad financiera.

En 1978 tiramos la casa por la ventana y aprobamos una Constitución de lujo: nos compramos un deportivo, un yate, un chalet en la playa y reformamos la casa. Todo a la vez y gracias al préstamo que nos dio la Historia. ¿Podíamos mantener ese tren de vida? Afortunadamente, al poco vino la Unión Europea y luego los Fondos de Cohesión, lo que nos permitió mantener ese tren de vida al que nos subíamos: las infraestructuras se modernizaron, los pueblos y ciudades se embellecían y se hacían «sostenibles»; el medioambiente se empezaba a cuidar, etc. lo que permitió destinar recursos para colegios, pensiones, etc.

Pero hay dos actitudes para tener ese tren de vida. O la responsable y consciente de que se precisa una economía fuerte y saneada o la inconsciente del que gasta sin medida; no le basta el yate o el deportivo, encima los llenan de accesorios y monta una televisión autonómica, su propia policía, clona órganos estatales, etc. El médico es gratis y somos tan buenos que invitamos a otros y surge la España del turismo sanitario; se dan subvenciones a propios y extraños y los abuelos viven cada vez más años a costa de una menguante población de nietos hechos a la buena vida de sus padres.

Mientras la economía iba bien esto tenía un pase, pero se estropea; la financiación europea mengua, pero la frivolidad gubernativa lo ignora, suprime los topes de gasto y en el país del Lazarillo se dice que lo progre es el déficit; los hijos, acostumbrados al tren de vida de sus padres, se indignan: ni pueden llevarlo ni, quizás, el que tenían esos padres cuando eran más modestos pero sensatos. Se indignan, se autodenominan «indignados», pero no se les censura y unos políticos frívolos y descerebrados les adulan asegurándoles más vida fácil.

El Estado del Bienestar es caro, exige esfuerzo, disciplina y un sistema económico capaz de sostenerlo, que genere riqueza, lo que depende de un empresario incentivado, no demonizado ni machacado. En vez de perder el tiempo en memorias históricas, aunque tarde, quizás sea hora de hacer la memoria económica de nuestro sistema constitucional. Así sabremos lo que cuesta, si podemos financiarlo y si estamos dispuestos a esforzarnos para hacerlo viable.