Bruselas

Alemania presiona a Draghi

La Razón
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La reunión del presidente del Banco Central Europeo (BCE) con parlamentarios alemanes para analizar el programa de compra de bonos de los países comunitarios que lo soliciten pone de relieve la dureza con la que Alemania está tratando a España a la hora de consensuar medidas de apoyo financiero. Un amplio sector del partido de la canciller Merkel, así como las fuerzas liberales y una parte de los socialdemócratas, no ven con buenos ojos que el BCE haya arbitrado un sistema de apoyo a los países con problemas de financiación, como es el caso español, cuya deuda, tanto pública como privada, paga un sobrecoste medio cuatro veces superior a la alemana. Lo único que preocupa a los diputados germanos es que la política monetaria del BCE no origine más inflación, y están dispuestos a todo para evitarlo. De ahí la feroz campaña de intimidación contra Draghi, que empezó hace meses con fuertes presiones institucionales y a través de los medios de comunicación; y no deja de ser insólito e intimidatorio que la máxima autoridad monetaria europea haya tenido que dar explicaciones en la sede parlamentaria de un país miembro. No obstante, el presidente del BCE pasó el trance, se mostró firme en sus decisiones y rechazó que la compra de bonos sea una financiación encubierta de los estados, que dañe la independencia de la institución, que perjudique a los contribuyentes y, por supuesto, que dispare la inflación. Es poco probable que Draghi haya convencido a los renuentes alemanes, pero al menos ha sido fiel a la palabra dada y a las decisiones pactadas, no como ha hecho Merkel con los acuerdos del Consejo Europeo de junio, que se los ha saltado a la torera sin ningún pudor. Conviene, sin embargo, tener muy presente la advertencia hecha ayer por el presidente del BCE: la compra de bonos está supeditada a cumplir con el déficit fiscal. Dicho de otro modo, si España desea ayuda, tendrá que cuadrar sus cuentas. El aviso llega en el oportuno momento en que el Congreso ha aprobado los Presupuestos de 2012 gracias a la mayoría absoluta del PP. La oposición, obcecada en el mantra del «gasto social» y en rechazar todo tipo de reajustes, se ha negado a mirar de frente la realidad de una deuda pública cuya financiación supondrá el desembolso de 38.000 millones de euros, casi 10.000 más que este año. Si se tiene en cuenta que el gasto de los ministerios no llega a los 37.000 millones, se comprenderá cuál es el drama de unas cuentas públicas cuya primera partida de gasto es una deuda carísima, la cual seguirá siendo muy costosa si no se cumplen las condiciones de Bruselas para que el BCE pueda comprar bonos españoles en el mercado secundario, es decir, si no se embrida un déficit fiscal que amenaza con superar el nivel comprometido, el 4,5% del PIB, en 2013.