Elogio de los funcionarios

Entre los tópicos más oídos a cuenta de la crisis están los que dicen que hay exceso de funcionarios, que no producen y sólo generan gasto. Como estas críticas no admiten respuestas tajantes hay que matizarlas, por lo pronto aclarar qué es un funcionario. Si lo es todo el que cobra una retribución de los presupuestos, su número crece espectacularmente, pues habría que añadir a los que perciben prestaciones de jubilación o desempleo, los que trabajan en empresas que viven de las subvenciones o de las contratas. Así visto, hasta los directivos de ACS, Ferrovial o FCC son funcionarios.
Más bien, funcionario es el que presta un servicio profesional en una administración pública. Pero un concepto tan elemental no es concluyente, de ahí que se hable de empleados públicos lo que engloba a los de carrera, más interinos y contratados laborales. Además, hay quienes ejercen un Poder del Estado sujetos a un estatuto funcionarializado –los jueces– o no, caso de parlamentarios y altos cargos del Ejecutivo. Aclarado, más o menos, qué es un funcionario, queda por saber si sobran y si son una casta gastona e improductiva.
En cuanto a lo primero, habría que diferenciar entre los que realizan una tarea exclusiva y excluyente de las administraciones, ligada a cometidos que le dan sentido. Es el caso del personal sanitario, militares, fuerzas de seguridad, funcionarios de Hacienda, fiscales, jueces, profesorado, etc. Frente a ellos, más que en cuerpos funcionariales, pienso en servicios y actividades prescindibles que han crecido al calor de unas administraciones expansivas, de un Estado intervencionista, de unas autonomías que han precisado rodearse de órganos y servicios –luego de empleados públicos– para ejercer su poder.
Reducir empleados públicos es deseable, pero ¿de quién se prescindiría? No de aquellos que desempeñan funciones esenciales y sí de esa masa de cargos de confianza y asesores o de puestos ideados para colocar al amigo, al correligionario, al familiar o de todos esos contratados que antes de que el partido benefactor pierda el poder son hechos fijos. Y los funcionarios ¿sólo son gasto?, ¿nada producen? Pues no: hay muchos ejemplos de Cuerpos de gran prestigio que han sido un activo y un funcionariado de calidad como un buen servicio sanitario, de Policía, de enseñanza, de Justicia, etc. no es una carga, sino lo que genera una paz y un orden institucional que permiten que el sector privado cree riqueza.
Con todo, el funcionario tiene mal cartel, a lo que han contribuido dos enemigos antagónicos, pero que coinciden en dañar al funcionariado necesario y de prestigio. La izquierda, en principio proclive a lo público, ha dañado la función pública al hacer bandera de la mediocridad, del todo vale, del afán de colocar a amigos, de rebajar la exigencia y aprovecharlo para colocarse, de ver en el mérito y la capacidad o en las oposiciones un coto de la derechona e identificar lo igualitario con regalar –o autorregalarse– lo que a otros les ha costado mucho. Ha multiplicado el número de cargos y puestos, ha entendido que lo público es un cortijo, que llegados al Poder hay que darse el atracón y postergar a los competentes.
Y la derecha, dada al liberalismo cañí, se apunta al tópico de «menos Administración», no se entera ni de lo que aporta un buen funcionario ni una buena Administración, con los funcionarios justos, motivados y reconocidos; ignora que es una inversión que marca la diferencia entre los estados saneados y los corruptos o fallidos. Un ejemplo reciente. Los nuevos gobiernos municipales y autonómicos anuncian auditorías –lo que supondrá más gasto– y las auditoras se frotan las manos. Ha tenido que decirles el Tribunal de Cuentas que para tal cometido ya está él, a lo que añado que hay interventores, secretarios, funcionarios y, si los hay que llegaron a dedo, mecanismos hay para tirar de verdaderos profesionales integrados en cuerpos de prestigio.
El FMI aconseja otra rebaja de salarios públicos. De nuevo pagarán justos por pecadores, los verdaderos y necesarios funcionarios serán víctimas, por un lado, de una superpoblación de cargos prescindibles, de creación política y, por otro, de gastos electoralistas o con interés ideológico que se mantienen si es que no crecen.