Los delitos de la crisis

MADRID- La crisis no sólo agudiza el ingenio para conseguir llegar a fin de mes, sino que es también caldo de cultivo para determinados tipos de delitos que han aumentado notablemente, precisamente en tiempos de estrecheces económicas. No hay más que echar un vistazo a la Memoria de la Fiscalía de 2011, que subraya el incremento de algunos tipos penales «asociados a la situación de crisis económica que vivimos». Entre éstos figuran el alzamiento de bienes, que de los 1.086 casos que llegaron a los juzgados en 2010 se ha pasado a 1.390 en el anterior ejercicio, lo que supone un aumento del 27,99%; la defraudación de fluido eléctrico, que sube un 36,66 por ciento (1.629 supuestos frente a los 1.192 de 2010) y los concursos de acreedores y suspensiones de pagos fraudulentas, que registran un aumento del 5,13 por ciento.

Los problemas económicos también parecen estar detrás del incremento de un 14,57% de los impagos de pensiones.En 2011 se produjeron 21.035, una cifra superior a los 18.360 del ejercicio precedente. Estas cifras rompen la tímida tendencia a la baja observada el año anterior, cuando estas causas cayeron un 4,47%. Lo mismo se puede decir del aumento de un 50 por ciento de los delitos de usurpación de bienes inmuebles, que incluye la ocupación no autorizada de edificios y pisos vacíos, 6.697 en 2010 y 10.052 el pasado año.

En el ámbito familiar, dos delitos llaman la atención en el anuario de la Fiscalía: el incumplimiento de los deberes de custodia y el abandono de niños. El primero ha aumentado un 28,51% (1.857 causas frente a 1.445) y, respecto al segundo, el año pasado se produjeron 1.219 abandonos de niños, un 60,61% más que en el año 2010 (759).

En el terreno laboral, donde más cicatrices está dejando la crisis, la imposición de condiciones ilegales de trabajo se ha incrementado un 33,12 por ciento (615 causas en 2011 y 462 en 2010) y el tráfico ilegal de mano de obra, un 9,09% al pasar de 99 supuestos a 108.

También los delitos contra la Administración Pública, pese a experimentar en su conjunto un descenso del 2,49%, registran «incrementos relevantes en modalidades delictivas de gran trascendencia», en palabras de la propia Fiscalía. Así ocurre, por ejemplo, con la prevaricación administrativa, que sube un 2,74%; la omisión del deber de perseguir determinados delitos cometidos por funcionario público, que se disparan un 114,29%; los cohechos (45,33% más);el tráfico de influencias (44,12%) y la malversación de caudales públicos (24,16%).