Las deserciones parlamentarias aumentan la incertidumbre en la crisis griega

El Parlamento griego empezó hoy el debate sobre las nuevas medidas de austeridad con la incertidumbre de si el Gobierno socialista logrará que la Asamblea las apruebe ante las deserciones en sus filas y la creciente presión social.

El primer ministro, el socialista, Yorgos Papandréu, y su ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, están inmersos en continuas consultas para convencer a los disidentes de su grupo parlamentario de la necesidad de aprobar las nuevas medidas, por duras que sean.
De ello depende la entrega de un quinto tramo de ayuda externa de 12.000 millones de euros para pagar sueldos y pensiones en julio.

Sin ese dinero, Grecia no podrá afrontar sus pagos y se convertiría en el primer país de la Eurozona que suspende pagos, lo que puede generar un efecto dominó que arrastre a la banca europea y acabe golpeando a otros países del Viejo Continente. El plan se votará en dos sesiones diferentes, la primera, el miércoles, es la que debe dar el visto bueno al marco general de las medidas, mientras que el jueves se ratificará una ley adicional para su aplicación.

Dos diputados socialistas han expresado su intención de votar en contra por discrepar de la privatización del 17 % de la empresa nacional de electricidad, lo que debilita la mayoría parlamentaria de cinco escaños que tiene el partido del Gobierno.

En total el Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok) cuenta con 155 diputados dispuestos a apoyar las medidas, después de haber tenido ya tres deserciones, aunque dos diputados fueron sustituidos y no se perdieron sus actas, de cumplirse las amenazas de los otros dos legisladores se quedarían en 153, cuando el mínimo para sacar adelante la votación son 151 votos.

"Es la hora de que el grupo parlamentario del Pasok haga su deber para el futuro de nuestros hijos", dijo Papandréu a sus diputados en un discurso en el que apeló al patriotismo de los legisladores. Las medidas, aunque duras, traerán estabilidad y crecimiento a largo plazo para Grecia, resumió el primer ministro.

"Con la votación se cerrará un gran periodo de inseguridad y podremos empezar de nuevo, sin la inseguridad de los mercados y la amenaza de una crisis diaria", argumentó. "En 2013 no solo estaremos fuera de peligro y con una deuda sostenible, sino que habrá crecimiento de la economía y con ese dato nos dirigiremos a los ciudadanos y para pedirles el voto", declaró para descartar elecciones anticipadas.

Última oportunidad
Por su parte, el ministro de Defensa griego, Panos Beglitis, declaró a la prensa que a pesar de todos los problemas, está seguro de que los "diputados socialistas cumplirán con su deber nacional". "Es la última oportunidad para Grecia. En caso contrario, el día después será peor que las medidas, que reconozco que son severas y difíciles", agregó Beglitis.

El portavoz del Gobierno Ilias Mósialos anunció hoy que el calendario de privatizaciones estará listo "en los próximos meses", y que los 50.000 millones de euros que espera ingresar el país servirá para reducir la deuda pública de más de 350.000 millones, que supone el 153 % del PIB.

Añadió que "primero hay que crear un fondo que estudiará y gestionará las privatizaciones", que según el ministro de finanzas, contará con observadores europeos. El analista político, Stavros Lygeros, vaticinó en declaraciones a Efe que "este gobierno no durará hasta 2013", el año en el que se celebrarían elecciones en caso de agotarse la legislatura.

"Las medidas traerán más recesión y se le está pidiendo, a gente que no puede más, que pague 6.500 millones adicionales en impuestos hasta 2015, dijo Lygeros. Por su parte, el analista económico Bytros aseguró que "las medidas son un gran error ya que se concentran en iniciativas impositivas en vez de recortar los enormes gastos del Estado".

"Se está creando un tremendo problema social", con las masas de "indignados"que crecen en las calles día tras día, añadió. Durante los días de debate en el Parlamento en Atenas, hasta la votación el miércoles del programa y el jueves del proyecto de ley que lo acompaña, los descontentos han anunciado que harán una cadena humana en torno a la Cámara en protesta contra los políticos.

Esas protestas coincidirán con las 48 horas de huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios para este martes y el miércoles, en la que se prevé que la actividad económica y los servicios del país quedarán paralizados