Las cuentas de Griñán

Más de treinta años de gestión socialista en Andalucía han dejado profundas cicatrices en la economía de la comunidad autónoma, con escándalos de corrupción, como el caso de los ERE, y heridas que se han hecho ahora especialmente visibles con la llegada de la crisis, cuando el grifo del Estado se ha secado y ya no es posible recurrir al crédito. A falta de dos meses para la celebración de las elecciones andaluzas, convocadas para el próximo 25 de marzo, cada vez son más los cargos de la Junta implicados en los escándalos y la situación financiera de la comunidad sigue bajo sospecha. En el Partido Popular, escarmentado tras el hallazgo del déficit oculto en las cuentas del Estado, la confianza en los gestores socialistas ha dejado prácticamente de existir y hay más que sospechas acerca de una situación de quiebra real en la caja de la Hacienda andaluza. Como hoy desvela LA RAZÓN, la consejera de Hacienda de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, propuso al Ejecutivo, durante la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, poder saltarse el techo de déficit que se fijará para este año para las autonomías, de un 1,3% del PIB. Para sorpresa de la mayoría de los consejeros, su colega andaluza parecía dar a entender con sus palabras que las finanzas de Andalucía anticipan ya la imposibilidad real de hacer frente al ajuste presupuestario comprometido con la UE. Pero en evidente campaña electoral, y con las encuestas situando al PP en la mayoría absoluta, desde la Junta y desde el PSOE se acusa al Gobierno de «mentir» y de deslealtad hacia Andalucía por intereses electoralistas. Y todo por mantener la certeza de que, al igual que ha ocurrido con Castilla-La Mancha o Baleares, el nuevo Ejecutivo salido de las urnas tendrá que hacer frente a pagos pendientes que hoy no se reflejan públicamente y que hipotecarán los primeros años de gestión del equipo recién llegado.

Hoy no es posible conocer si los gobiernos de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán guardan, o no, facturas sin pagar en los armarios de la Junta, pero los datos conocidos acerca de la demora en los pagos a proveedores, que hoy publica LA RAZÓN, son más que preocupantes. Tan sólo en Sanidad –y la situación es similar en otros sectores– Andalucía acumula prácticamente el 25% de la deuda de toda España con las empresas suministradoras. Y es además una de las administraciones que más tardan en pagar. Mientras que en el conjunto nacional las empresas sanitarias esperan una media de 470 días en cobrar sus facturas, la demora en la Andalucía de Griñán es de dos años. No es de extrañar que el PP, a quien las encuestas vaticinan un triunfo en Andalucía, esté seriamente preocupado por lo que encontrará en la Junta, si se confirma el triunfo electoral, y por su impacto en el déficit del Estado para este año.