Ruz interrogó como testigos protegidos a un ertzaina y un vecino de Elosúa

Fuentes personadas en la causa han explicado que el juez instructor concedió a ambos la condición de testigos protegidos junto a los tres representantes que acudieron a las negociaciones con ETA de 2006 en nombre del Gobierno, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren; el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez y el ex ministro de la Presidencia Javier Moscoso.

Según las citadas fuentes, el policía autónomo vasco estaba participando en un dispositivo en la zona de Behobia, donde se encontraba el bar 'Faisán', cuando se produjeron los hechos investigados. Declaró ante Ruz el pasado 22 de marzo a petición de la Fiscalía.

El quinto testigo protegido de la causa es un vecino de la localidad guipuzcoana que se dirigió telefónicamente a la Audiencia Nacional para dar a conocer que había escuchado una conversación de Elosúa sobre este asunto que consideró relevante.

El magistrado encargó el pasado 2 de febrero al equipo investigador, dirigido por el comisario Carlos G., que realizara las gestiones oportunas para verificar la relación de este testimonio con los hechos objeto de investigación. Tras interrogarle, los investigadores presentaron sus conclusiones al juez el 22 de febrero y éste le tomó declaración el pasado 3 de marzo.

Parte secreta
Las declaraciones de los cinco testigos protegidos se encuentran en la parte del sumario sobre la que el juez Ruz levantó el secreto el pasado martes. Durante sus comparecencias, que se realizaron de forma secreta, los representantes del Gobierno aseguraron que no existía ningún tipo de instrucción por parte del Ministerio de Interior en el sentido de relajar la lucha antiterrorista ni mucho menos de facilitar informaciones a colaboradores de la banda, como sucedió en el bar 'Faisán'.

Eguiguren, Moscoso y Gómez Benítez coincidieron en señalar que el Estado mantenía la "alerta máxima"ante posibles atentados terroristas, ya que ETA seguía aprovisionándose, realizando el robo de vehículos y cobrando el denominado 'impuesto revolucionario'.

En este mismo sentido se manifestaron el resto de cargos policiales que han declarado en la parte secreta de la causa, entre los que se encontraba el director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, y el comisario general de Información del Cuerpo Nacional de Policía, Telesforo Rubio.

Los otros testigos que comparecieron en el Juzgado Central de Instrucción número 5 fueron el subdirector general operativo de la Guardia Civil, el jefe del Servicio de Información y el responsable de la Unidad Central Especial del instituto armado, así como el subdirector general operativo de la Policía Nacional y el director de la Ertzaintza.

El magistrado también pidió al Gobierno que informara si en la reunión "intervino alguna persona física o institución en condición de intermediaria o mediadora entre las dos partes"y si éste redactó su propia acta. Según las fuentes jurídicas consultadas, ninguno de los testigos protegidos actuó como intermediario entre las partes.

Explicaciones a los terroristas
Según el auto dictado el martes por Ruz, los representantes del Gobierno respondieron a las "recriminaciones"que les realizaron los representantes de la banda en una reunión celebrada a propuesta de ETA mantenida el 22 de junio de 2006, dos días después de las detenciones en la operación contra el aparato de extorsión de ETA desarrollada en el 'Faisán'.

En la causa están imputados por un delito de colaboración con organización terrorista (penado con hasta 10 años de cárcel) y revelación de secretos (con un máximo de tres) el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía en el País Vasco y un inspector de Vitoria.