La Fiscalía pide investigar las ayudas a empresas de la «trama de los ERE»

Sevilla- En un escrito al que tuvo acceso Efe dirigido a la juez que instruye el caso sobre la presunta trama de corrupción en torno a los Expedientes de Regulación de Empleo financiados por el Gobierno andaluz, la Fiscalía recuerda la «existencia de ayudas directas a ayuntamientos, empresas, asociaciones, fundaciones y otras entidades» que «no reúnen ninguno de los requisitos exigibles en cuanto a concesión y control de una subvención dada con fondos públicos».

El «fondo de reptiles» no sólo sirvió para pagar pólizas de prejubilaciones, sino que con cargo a esa partida presupuestaria se dieron ayudas millonarias a empresas, ayuntamientos y asociaciones de manera arbitraria y sin publicidad y libre concurrencia. La mayoría de esas sociedades estaban radicadas en la Sierra Norte de Sevilla y pertenecían a personas próximas al PSOE, como el hermano del ex presidente de la Junta y ex alcalde de Cazalla, Ángel Rodríguez de la Borbolla, o el ex concejal socialista de El Pedroso José Enrique Rosendo.

Anticorrupción asegura que «será necesario averiguar, caso por caso, las razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público de la ayuda, y por ende el destino final del dinero entregado».

Esas subvenciones las gestionaba la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y las autorizaba, validaba y pagaba el ente autónomo IFA. Algunas de esas ayudas no acabaron utilizándose para el fin que figuraba en el convenio: es el caso de un centro ecuestre en Los Palacios –por el que se desembolsaron al Ayuntamiento alrededor de 900.000 euros– o un proyecto de ionización del corcho en Villanueva del Río y Minas –la Junta dio a empresas del entorno de Ángel Rodríguez de la Borbolla más de 9 millones de euros–.

El Ministerio Público también solicita a Mercedes Alaya que imponga una fianza y de forma subsidiaria los embargos oportunos a las personas imputadas dentro de la «trama de los ERE». No sólo se refiere a los intrusos que percibieron pólizas de renta sin haber trabajado en las empresas, sino también a los «intermediarios, empresarios, aseguradoras y responsables de la Junta».

El escrito agrega que «en la materialización de estas conductas han participado, con actos de suma importancia, otros sujetos, que bien a través de su actuación como empleados o directivos de entidades, han permitido y colaborado a la percepción indebida de estas rentas por estos intrusos», por lo que, «ineludiblemente», también «deberán responder de su conducta no sólo penalmente, sino también civilmente, al igual que las entidades por las que intervinieron».

La Fiscalía asegura que ha habido un perjuicio «manifiesto y grave» en los fondos públicos de la Junta de Andalucía. A la magistrada también le pide que pregunte a la Administración andaluza si ha iniciado un procedimiento para que le reintegren los cobros indebidos y le aclare la documentación entregada a los perceptores por ver si estos la han utilizado para obtener financiación bancaria, lo que supondría un posible delito de «estafa».