Guerra sucia en Bruselas

Una nota difundida por la agencia de noticias británica Reuters, que aseguraba que en la Comisión Europea se acusaba al Gobierno de España de amplificar las cifras del déficit público y retrasar por motivos electoralistas la adopción de medidas económicas, ha obligado a Bruselas a desmentir lo difundido por la agencia y a recordar que la Comisión no ha podido adelantar ningún análisis sobre medidas que todavía no son conocidas. El revuelo causado fue cortado en seco por el Gobierno español, que forzó a las autoridades comunitarias a negar en la misma mañana de ayer los extremos afirmados por la agencia. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, no dudó en aprovechar su visita de trabajo en Londres para obtener a su vez el correspondiente desmentido por parte del comisario europeo de Economía, Olli Rehn. Conviene analizar, visto lo sucedido, el origen de una falsa información que ponía en duda la veracidad de los datos que facilita el Gobierno de España y que pretendía, según todos los indicios, erosionar la credibilidad de un equipo que, precisamente, ha demostrado decir siempre la verdad. Pocos pueden creer en el Palacio de la Moncloa que se trata de un error de apreciación de la agencia y de los supuestos personajes de Bruselas a quienes se atribuyen las especulaciones. Más bien se cree que España ha sido víctima de una operación de guerra sucia contra el Gobierno de Rajoy emanada desde Bruselas, el día en que el Tesoro emitía deuda pública y la Comisión daba a conocer el primer análisis de desequilibrios macroeconómicos en la UE, en los que nuestra economía no sale precisamente bien parada, al manejarse los nefastos resultados dejados por el Gobierno socialista. Tampoco parece simple casualidad que las supuestas acusaciones de los despachos de Bruselas coincidan con tanta precisión con las críticas que el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, esgrime contra el Gobierno del PP. Es ridículo que el mismo PSOE que renunció por la campaña electoral a redactar siquiera el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, obligando a prorrogar los de 2011, acuse ahora a un Ejecutivo que apenas lleva dos meses en el poder de retrasar el proyecto hasta después de las elecciones andaluzas. Como es inadmisible acusar a Rajoy de elevar el déficit existente –una forma de negar el desastre dejado en los cajones de Hacienda–, para luego presentar unas cuentas mejores a Bruselas. La realidad, como sabemos, es muy distinta: el Gobierno ha sorprendido por la rapidez en poner sobre la mesa sus tres grandes reformas, sobre todo las más polémicas, y ha logrado con ello evitar que España se incluya en la lista negra de las economías intervenidas por la UE. Sorprende que el único comisario español, Joaquín Almunia, no saliera en defensa del Gobierno de España ante los rumores insidiosos.