Los españoles pagarán el caos de los controladores

Por maquiavélico que pueda resultar, fuentes jurídicas explican que la forma más adecuada de articular cualquier acción legal contra los controladores es dirigir las demandas contra la empresa pública AENA, que es, en última instancia, la encargada de garantizar el servicio. «Presentar demandas individuales contra cada controlador dilataría el proceso muchísimo, además de que es más complejo porque exige de la identificación de cada uno de los implicados», explican las fuentes consultadas.

Demandas
Atendiendo, precisamente, a este razonamiento, lo que va a hacer el despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo es presentar una demanda colectiva –5.000 afectados ya se han puesto en contacto con el bufete–, vía contencioso administrativo, contra AENA, en la que además de los daños económicos, va a solicitar 10.000 euros de indemnización por daño moral para cada afectado. Eso implica que, si la acción prospera, tendría que ser el gestor aeroportuario, financiado con dinero público, el que tuviera que afrontar en primera instancia los pagos. Luego, habría de ser AENA la que tendría de actuar contra los controladores para exigirles que respondieran con su patrimonio por el desembolso inicial de las indemnizaciones. En este caso, a Luis Vericat, socio del despacho de abogados, no le cabe duda de que el gestor reclamaría a los controladores aéreos.

Falta de recusos
Otra cosa es que éstos vayan a tener recursos para afrontar los pagos o, finalmente, vaya a tener que ser el Estado el que asuma el coste, pues a esta demanda se sumarán otras que podrían disparar la factura de las indemnizaciones. Ayer, la Asociación Catalana de Agencias de Viajes, que representa al sector en Cataluña y al 90% de los touroperadores de toda España, anunció que ha impulsado la creación de una gran plataforma de afectados que presentarán en el plazo de unos diez días una demanda colectiva contra AENA y los controladores. Además, también la dirigirá subsidiariamente contra el Gobierno como «máxima entidad garante de los derechos fundamentales».

La resolución de estas demandas, en cualquier caso, llevará su tiempo. Vericat no cree que puedan sustanciarse antes de un año y medio o dos años.

A estos procesos se suma la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por la OCU contra la USCA por la comisión de un presunto delito contra el tráfico aéreo en su variante de sedición. Que esta acción prospere es complicado porque el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró el lunes que esta instancia judicial no tiene entre sus atribuciones resolver delitos contra el tráfico aéreo.

Precisamente, Pumpido, que presidirá la Junta de Fiscales Superiores de comunidades que se reunirá mañana en Zaragoza, coordinará las actuaciones de las fiscalías contra los controladores. Varias de ellas, como las de Madrid y Cataluña, han abierto diligencias para investigar si los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo cometieron un delito de sedición tipificado con hasta ocho años de prisión. La decisión se tomará el mismo día en que los primeros controladores –hay unos 500 citados– empiecen a prestar declaración.

En paralelo a las acciones judiciales, los damnificados de la huelga salvaje siguen haciendo unos números que al Gobierno no le cuadran. Miguel Sebastián, ministro de Industria, Comercio y Turismo, aseguró ayer que cualquier evaluación que se haga ahora sobre las pérdidas ocasionadas por el paro es «prematura y precipitada» porque el puente todavía no ha concluido.

«El jueves habrá datos sobre la ocupación real y entonces podremos hablar», aseguró.
Sin embargo, el sector turístico y las aerolíneas no tienen dudas al respecto. Según sus cálculos, sus pérdidas podrían elevarse hasta los 500 millones de euros.