CC OO y UGT rechazan el plan porque «premia» a los trabajadores «sin escrúpulos»

La secretaria de Empleo de CC.OO., Paloma López, ha considerado "muy negativo"el plan aprobado por el Gobierno, que, entre otras cosas, exime a las empresas del pago de cotizaciones atrasadas si afloran empleo irregular de forma voluntaria antes del 1 de agosto.

"No es un plan de empleo sino una regulación de contratos", señaló en declaraciones a Europa Press antes de añadir que el decreto ley aprobado "premia"a los empresarios "sin escrúpulos"que han venido contratando 'en negro'. Por otro lado, indicó los sindicatos esperarán a ver el contenido del plan antes de poner en marcha actuaciones concreta, pero insistió en rechazar "tanto la forma como el contenido"del plan aprobado por el Gobierno.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, minimizó las medidas impulsadas por el Gobierno para hacer aflorar el empleo 'en negro', pues consideró que "no es un plan"y que sólo viene "dictado"por el Pacto por el Euro. "El plan no plantea los problemas para actuar sobre la raíz", lamentó Ferrer en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, al tiempo que vislumbró los efectos del plan: "No va a tener resultados", sentenció, para después instar al Ejecutivo a "fortalecer"la inspección en el trabajo para perseguir el fraude.

NO CAMBIA LA FISCALIDAD
Las patronales CEOE y CEPYME lamentaron hoy que el plan de medidas para el afloramiento y control del empleo sumergido aprobado por el Gobierno no contenga aspectos fiscales y sólo contemple cambios laborales.

Ambas organizaciones empresariales denuncian que el Real Decreto Ley no incluya elementos para acreditar la existencia del fraude denunciado, el alcance económico del mismo o a cuántos trabajadores afecta y la naturaleza de los empresarios.

Señalan que es "primordial"partir de un diagnóstico que fije la realidad de la situación con el objetivo que las medidas sean efectivas y que no solo den una "imagen"de lucha contra la economía sumergida, que en su opinión "difícilmente"se va a subsanar sin medidas fiscales.

Para CEOE y CEPYME, el proceso de regularización que contempla el plan no presenta elementos que hagan disminuir los costes para las empresas en general, ya que puntualizan que la generación de excedentes en situaciones de crisis económica no se puede valorar de la misma manera que en épocas de bonanza; ya que supone mantener una "sobrecotización"por encima del gasto comprometido, obstaculizando el mantenimiento del empleo y la competitividad de las empresas.

Las patronales rechazan "absolutamente"que los empresarios deban realizar las tareas de control "propias de la Inspección"y consideran que el núcleo de la reforma lo constituye el incremento -sin límite en el tiempo- de las sanciones. CEOE y CEPYME creen que el Gobierno también debería poner en marcha programas y campañas de concienciación social sobre el problema de la economía sumergida.