Deberes en tiempos de derechos

Reconozco que tengo la batalla medio perdida. Sostener hoy que la milicia, asumida libremente por quienes la componen, entraña más deberes que derechos, se considera un discurso obsoleto. Si cito a Alfred de Vigny en su «Servidumbre y grandeza militar» –por este orden–, se me anclará en la caverna. La «gent d'armes», por el hecho de ser depositarios de ellas, se obligan, se exigen, más que cualquier otra institución. Ahí radica su grandeza.
El proyecto de ley orgánica de «Derechos y Deberes de los militares» sigue su curso parlamentario. Ya se consensúan con partidos de la izquierda radical republicana «horas sindicales» y «créditos de tiempo para el ejercicio de sus cometidos» para los representantes uniformados del Consejo de Personal («El País», 14 de marzo). Se añaden a estos derechos el de «no ser discriminados en su promoción profesional» y que sus reuniones sean consideradas «actos de servicio preferente». Vayan asumiendo esto los sufridos soldados desplegados en Afganistán, porque lo que hacen no tiene este carácter preferente.
Cuando la opinión pública española distingue perfectamente la valoración de sus Fuerzas Armadas ante la de unos sindicatos amarillos, subvencionados, que alimentan a miembros liberados de discutible rendimiento, nosotros vamos a copiar su modelo en nombre de nuestros derechos. ¡Bien! ¡Consigamos debilitar a otra Institución valorada y respetada!
Es interesantísimo leer y analizar las actas de la Comisión de Defensa del Congreso (sesiones 32 y 33 del 9 y 10 de febrero pasado) que recogen la comparecencia de miembros de las Fuerzas Armadas, de representantes de asociaciones, profesores universitarios y miembros de ONG. Los «expertos» convocados reflejaron todo el espectro del tema a día de hoy. Es buena la práctica; es buena la libertad de expresar lo que uno cree. También es lícito disentir. A valorar, el mérito de Sus Señorías –sería injusto no reconocerlo– que aceptaron con paciente cortesía parlamentaria excesos de tiempo de exposición, desvíos del tema a discutir y protagonismos.
Dos diferentes visiones del problema se presentaron. Por una parte los que hablaron del carácter vocacional de la profesión –al acceder a la carrera se aceptan libre y voluntariamente limitaciones– y «hay libertad de abandonar si uno quiere», porque «las FAS no son una institución democrática» y «no debe quedar resquicio alguno por el que podrían deslizarse formas de presión sindical encubierta» o «la vida militar no es un rato, no es una circunstancia extraña, sino que son 24 horas al día».

Por otra, los que se consideran «ciudadanos que a tiempo parcial vestimos el uniforme» o que «no vengo como militar –siéndolo– sino como presidente de una asociación», y que «cuando hablamos de defender intereses profesionales, hablamos de trabajadores en activo».

Todo un mosaico. Repetidas alusiones a la sentencia del Tribunal Constitucional 219/2001 favorable a las tesis de la Asociación de Militares Españoles, al Artículo 181 de unas descafeinadas Reales Ordenanzas que señalan al Estado como responsable de la tutela de los miembros de las FAS, y muy especialmente a la vigente y contestada Ley de la Carrera Miltar, que «atesora» mas de 17.000 recursos contenciosos en varias audiencias.

Se habló del sistema en el ejército alemán, rediseñado por los americanos tras la II Guerra Mundial por sus especialísimas condiciones anteriores; se habló de la figura del Controlador General, especie de Defensor del Pueblo militar, pero se habló poco del modelo norteamericano en el que los veteranos –reserva y retirados– ejercen con eficacia la protección del personal en activo. Desprendidos de ambiciones personales, sin interferir en la vida de las unidades, con la suficiente experiencia vivida en propias carnes, proporcionan la objetividad necesaria para afrontar asuntos relacionados con la vida y derechos de sus militares. Su convención anual está presidida por el propio presidente de la República.

En un par de ocasiones el presidente de la Comisión, Cipriá Ciscar, tuvo que sacar la artilleria: «Vaya terminando» conminaba; «le recuerdo que en la práctica parlamentaria las intervenciones deben ceñirse a la cuestión»; «Aquí ya no procede el debate» sentenció con razón. Se habían escuchado juicios tan pintorescos como que «en los sucesos de Kosovo las tropas vivieron sus cuatro primeros meses en una serrería de Istok de forma indigna». Por supuesto. Convivíamos con miles de desplazados, con barrios enteros calcinados, con una población masacrada y –¡que pena!– todos los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad estaban llenos.

En tiempos en que la sociedad española hace de sus derechos obsesión y tiene arrumbados los deberes de respeto a los mayores, de puntualidad, de responsabilidad, de patriotismo y de honestidad en la administración de bienes públicos, sería bueno que las Fuerzas Armadas visualizaran el priorizar sus deberes sobre sus derechos. En su defecto mejor sería llamar a la ley, como propuso un concurrente «Ley reguladora de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares» obviando la palabra deberes.

Pero si esta palabra se utiliza –media batalla perdida–, debe priorizarse. Valdría la pena realizar una encuesta entre los miembros de las FAS. A lo mejor todos ganaríamos esa guerra.