El Gobierno elimina la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil

MADRID- El Partido Popular siempre ha marcado distancias con la Ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No la apoyó en su tramitación parlamentaria y siempre ha sostenido el discurso de que era una iniciativa que sólo servía para alimentar las heridas de las dos Españas. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó la supresión de la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado por el Partido Socialista para coordinar la exhumación de desaparecidos. A partir de ahora, se integrará en un departamento más genérico de Justicia. En concreto, en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos.
La Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura fue puesta en marcha por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en diciembre de 2008, en teoría, para hacer el mapa de fosas previsto en la Ley de Memoria Histórica, para lo que firmó distintos acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas. Ese mapa de tumbas colectivas con restos sin identificar dejó constancia de 2.246 fosas, casi todas en Andalucía y en Aragón. Una vez realizado su trabajo, a partir de ese guión han sido las comunidades autónomas las encargadas de promover las exhumaciones. Un trabajo, por cierto, que sigue sin haberse concretado por distintas razones administrativas y judiciales.
La oficina suprimida por el Consejo de Ministros tenía también en teoría la función de servir de canal de información para las administraciones públicas y para las propias víctimas sobre sus derechos y el ejercicio de los mismos. El Gobierno de Rajoy no derogará la Ley de Memoria Histórica por una decisión ejecutiva, pero, en la práctica, acabará dejándola aparcada en un rincón porque considera que es un proyecto que sólo sirve para dividir a los españoles.
La decisión del Ejecutivo de suprimir este ente provocó la inmediata reacción del diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. El ex coordinador general de la formación cargó ayer contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que acusó de tener la «sensibilidad de una almeja». El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, lamentó también la decisión. Silva calificó de «bastante triste» que «la única puerta» en la Administración de la que disponían los represaliados del franquismo sea ahora cerrada.