Elena Salgado rectifica por segunda vez en cuatro días a José Blanco

MADRID- El culebrón en el que se ha convertido la restauración del Impuesto de Patrimonio, a demanda de Rubalcaba y contra las reticencias de Zapatero, vivió ayer su último capítulo. La vicepresidenta primera, Elena Salgado, corrigió, desde Polonia, al portavoz del Ejecutivo, José Blanco, por segunda vez en la semana. La primera fue el jueves, jornada en la que Salgado aclaró que el mínimo exento de este tributo será de 700.000 euros y no de un millón, como aseguró por activa y por pasiva Blanco un día antes. La segunda ocasión fue ayer, fecha en la que la vicepresidenta rectificó la farragosa y ambigua explicación facilitada por el portavoz del Ejecutivo este viernes al término del Consejo de Ministros. Salgado enmendó la plana al ministro de Fomento, al puntualizar, como ya hiciera el jueves pasado, que no se descontará a las autonomías, cobren o no el Patrimonio, la parte de la recaudación que les corresponde por los 2.000 millones de euros que se incluyeron en el sistema de financiación autonómica en 2008 en concepto de compensación por la eliminación de este tributo. Es decir, las autonomías recaudarán en 2011 la parte que les toque de los 1.080 millones que Salgado espera ingresar con la reactivación del impuesto, más percibirán su parte de los 2.000 millones de 2008.

«Algo razonable»
No obstante, la vicepresidenta defendió las declaraciones de Blanco, como ya hiciera el jueves pasado, jornada en la que sumó conceptos insumables (el mínimo exento y el mínimo exento de la vivienda habitual) para concluir que se podía interpretar que el mínimo exento del impuesto se situaba en un millón, tal y como anunció el miércoles Blanco. Salgado explicó en Breslavia (Polonia), donde participa en la reunión informal de los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), que no supone una contradicción que Blanco advierta de que las autonomías no pueden cobrar por el mismo concepto dos veces. A su juicio, se trata de «algo razonable». Dicho lo dicho, avisó de que «con un decreto ley no se puede evitar» esta situación. Esta figura jurídica no puede modificar la ley orgánica del sistema de financiación autonómica, en el que se incluyó los 2.000 millones de compensación.
Según fuentes gubernamentales, las declaraciones de Blanco enturbian el trabajo realizado hasta la fecha por la vicepresidenta en busca del apoyo de los nacionalistas catalanes y vasco para la convalidación en el pleno del Congreso del próximo jueves del decreto ley por el que se resucita Patrimonio. Hace cuatro días se pudo ver a Salgado en la Cámara Baja inmersa en la negociación con PNV y CiU. Sin el menor disimulo, Salgado cerró el paso a dos diputados nacionalistas vascos no sólo para despedirse de ellos en persona, después de decidir no concurrir a las generales, sino también para convencerlos de que se abstengan o voten a favor del decreto ley.
La vicepresidenta repitió puesta en escena con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, al que dio su palabra de honor de que no se descontará a las autonomías la compensación de 2008 para atraerse su voto favorable o al menos su abstención. Ahora las declaraciones de Blanco dejan más en el aire la aprobación del decreto ley. Fuentes gubernamentales achacan la defensa a ultranza de Blanco de Patrimonio más allá de la legalidad a su firme decisión de contribuir en la campaña electoral de Rubalcaba a atraerse el voto de izquierdas desencantado con el Gobierno de Zapatero y sus severos ajustes contra la clase media. Mientras, el presidente prefiere guardar silencio y no intervenir en una guerra que no es la suya.