Julio Meana

Fue acusado de todo. Desde usar las subvenciones para fines espurios a cobrar indebidamente un elevado sueldo, autorizar dietas ilícitas o pasar facturas particulares a la Federación Gallega. Ramón de Llano, el político gallego del deporte, del Bloque, amenazó a Meana si no cesaba al secretario territorial. Julio no aceptó el chantaje y eso le costó un proceso penal, una inhabilitación de cuatro años y un daño moral irreparable. Sin embargo, el fútbol le creyó y apoyó su inocencia. Desde la política se propagaron, a sabiendas de la mentira, indicios de malversación, falsedad documental y apropiación indebida.

Ahora, la Fiscalía de La Coruña ha pedido al juez el sobreseimiento del caso y ha constatado la ausencia de delito. El auto afirma que las subvenciones se destinaron a los fines correctos, las dietas estaban justificadas, no había facturas personales y el sueldo estaba aprobado por la Asamblea General.

Si el juez dicta el sobreseimiento, ¿quién resarcirá ahora al inocente acusado del enorme e injusto calvario de seis años? Por suerte, no han podido destruirlo; un hombre del fútbol de los pies a la cabeza. ¿Se imaginan que el juez, por alarma social o riesgo de fuga, hubiera dictado prisión preventiva? Hoy, Meana sería un hombre muerto. Un imputado inocente y muerto.
Usar la justicia para fines políticos o periodísticos resulta rentable en España, al menos a corto plazo. ¿Quién pedirá ahora cuentas al manipulador político que alentó la mentira? Debemos perseguir a los verdaderos delincuentes, a los que instigan estas sucias maniobras y a quienes las jalean. Son la basura de nuestra democracia. Ellos deben vivir entre rejas.