El diputado del PSOE que investiga Anticorrupción medió en otro ERE

SEVILLA- El diputado del PSOE-A Ramón Díaz Alcaraz participó en las negociaciones del ERE de la empresa Tioxide Europe en su calidad de asesor de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo. Sería al menos el tercer caso conocido en el que se relaciona a este diputado autonómico con algunos de los expedientes financiados por la Junta de Andalucía con cargo al conocido «fondo de reptiles» y que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Su firma aparece en el acuerdo final de Delphi y hay documentos y testimonios de imputados que le atribuyen un papel esencial en la tramitación del ERE de Saldauto. Precisamente por este último la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la Consejería de Empleo informe sobre «el cargo, funciones e intervenciones realizadas por quien es identificado como Ramón Díaz» en ese expediente, en el que se han detectado a tres personas que han percibido una prejubilación sin haber trabajado nunca en dicha empresa.

Según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y que la Junta de Andalucía ha remitido a la juez Mercedes Alaya, Díaz Alcaraz fue uno de los interlocutores en el proceso de negociación del ERE de Tioxide Europe. Un correo electrónico del bufete Garrigues le traslada, entre otras cosas, que tras contactos entre sindicatos y la empresa y «tras informar a Juan Márquez –el director general de Trabajo que sustituyó a Francisco Javier Guerrero– del estado de la planta y los problemas laborales asociados al mismo, iniciaremos un proceso de negociación informal y confidencial para explorar los puntos de aproximación posible». La cita se enmarca en un contexto de negociación de un nuevo convenio colectivo que «acoge un planteamiento básico de contención salarial, y en el caso de los conceptos variables, de adaptación a las magnitudes actuales de la producción de la planta, y de consecución de otros objetivos tales como disminución del absentismo, etc...».

Ésos son los primeros contactos que luego derivaron en la aprobación de un ERE de carácter extintivo para 66 trabajadores. La empresa presentó el expediente ante la delegación provincial de Trabajo de Huelva el 13 de marzo de 2009 para 82 trabajadores, y se aprobó el 3 de junio de 2009 con la reducción de 16 contratos sobre los previstos. El comité de empresa mostró su conformidad el 29 de mayo. La Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo se comprometió a pagar 3.084.464,74 euros como «ayudas sociolaborales excepcionales a ex trabajadores» que serían abonadas por la Agencia IDEA con cargo a los fondos transferidos por la partida 31L, la que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero identificó como un «fondo de reptiles».

No era el primer expediente de esta empresa que contó con financiación de Empleo. En mayo de 2008 se suscribió otra póliza pagada por la Junta para 6 ex trabajadores de Tioxide.
Díaz Alcaraz, hoy diputado del PSOE en el Parlamento de Andalucía y secretario de una agrupación local –Alcosa, Este y Torreblanca–en Sevilla, trabajó como asesor de la Dirección General de Trabajo contratado por una fundación de la denominada «administración paralela» –Faffe– desde octubre de 2005 hasta noviembre de 2009, por lo que coincidió temporalmente con todo el proceso.

La investigación interna de la Administración andaluza detectó 183 casos de prejubilaciones irregulares. En el ERE de Tioxide señala a dos «intrusos».