Crisis política en Italia

Aplazado al 31 de mayo el juicio contra Berlusconi por el «caso Ruby»

El primer ministro italiano no acude al tribunal por sus compromisos oficiales

Un hombre protesta contra Berlusconi ante el tribunal de Milán
Un hombre protesta contra Berlusconi ante el tribunal de Milánlarazon

ROMA- La primera audiencia del juicio a Silvio Berlusconi por el «caso Ruby», en el que está acusado de abuso de poder y de prostitución de menores, duró poco más de cinco minutos. El primer ministro italiano no se presentó, por lo que fue declarado «en rebeldía». Los letrados del mandatario explicaron que los compromisos de Gobierno de «Il Cavaliere» le impidieron acudir y pactaron con la Fiscalía y con las magistradas responsables del caso que la próxima audiencia se celebre el 31 de mayo. Se espera que ese día Berlusconi sí que acuda a la cuarta sección penal del Tribunal de Milán donde tiene lugar el juicio.
Pese a su brevedad, la primera vista dejó una noticia importante. Karima el Mahroug, conocida como «Ruby Robacorazones», la chica que supuestamente mantuvo relaciones sexuales de pago con el mandatario, renunció a constituirse como parte civil del proceso. «Si lo hubiéramos hecho habríamos admitido que ‘Ruby' iba a la casa de Berlusconi para prostituirse. Ella iba allí para participar en veladas normales en las que no sufrió ningún daño. El daño ha sido mediático al ser sido tratada en todo el mundo como prostituta», declaró la abogada de la muchacha, Paola Boccardi.
Los letrados de «Il Cavaliere» celebraron la decisión de «Ruby». Uno de ellos, Giorgio Perroni, afirmó además que están valorando la posibilidad de pedir la suspensión del juicio hasta que la Corte Constitucional decida si el tribunal de Milán tiene competencia en este proceso. La Cámara de los Diputados pidió antes de ayer la intervención del Constitucional porque considera que Berlusconi debe ser jugado por el tribunal de Ministros de Roma.

Críticas de la magistratura
Entretanto, el Consejo Superior de la Magistratura de Italia (CSM) considera como una «sustancial amnistía» la llamada ley del «proceso breve» que tramita el Parlamento, considerada por la oposición como una estratagema del Gobierno para que se cancelen algunos procesos contra el primer ministro.