Comunidad de Madrid
El impago de Gómez ha provocado el despido de decenas de empleados
En Parla, el municipio del candidato del PSOE a gobernar la Comunidad de Madrid, casi no quedan ya servicios municipales que no gestionen empresas privadas. Esta tendencia comenzó cuando Tomás Gómez era su alcalde (1999-2008) y no ha dejado de crecer.
Al servicio municipal de autobuses, la recogida de basuras o la conservación de zonas verdes, se han unido en el último tiempo las escuelas de música, danza y teatro, y la llegada del primer colegio concertado en un muncipio socialista. Todos estos servicios son gestionados por entidades privadas a los que el Consistorio ha cedido su explotación por decenas de años a cambio de un cánon que en muchas de las ocasiones no se paga y por el que las arcas muncipales deben en torno a cincuenta millones.
Esta deuda y sus consecuencias han llegado ya a los tribunales y han provocado decenas de despidos. Es el caso del conflicto que viven los trabajadores de muchas de las instalaciones deportivas del municipio como el polideportivo Francisco Javeir Castillejo, la piscina de agua salada, la piscina olímpica de invierno, el balneario y los campos de fútbol Las Américas y Alfredo Di Stéfano.
Durante los dos útimos años de Gómez al frente de la Alcaldía, éste adeudó a la empresa concesionaria Servidrive S.L. un total de 2.157.640 euros por impagos continuados. La entidad acabó rescindiendo el contrato con el Ayuntamiento de Parla y denunciando la deuda al Juzgado Contencioso-Administrativo número 19 de Madrid. El fallo llegó en mayo de este año y obliga a las arcas municipales a pagar además de los más de cuatro millones adeudados, los intereses por la demora de cerca de tres años.
Pero las consecuencias de la gestión municipal de Gómez no quedan ahí. Tras la salida de Servidrive S. L, la gestión de estos servicios deportivos se han adjudicado a otra entidad privada que, pese al compromiso de mantener a la plantilla inicial, lo cierto es que los despidos se cuentan ya por decenas. Los últimos diez se produjeron el pasado día 7 de este mes, cuando en medio del puente de la Constitución se finiquitaron diez contratos: cuatro de forma improcedente y seis de empleados que afirman que ya no soportaban la incertidumbre y las condiciones en las que llevaban trabajando desde hacía meses.
Desde la adjudicación a la nueva empresa de los servicios deportivos, la platilla se ha reducido prácticamente a la mitad. Ante las quejas de los trabajadores, las protestas y tras abrir una mesa de negociación, el Ayuntamiento, que ahora dirige el pupilo de Gómez, José María Fraile, ha admitido el despido de cerca de cuarenta personas y afirma que «el resto eran contratos temporales , se han acogido a procesos de jubilación o han optado por dejar su puesto tras una negociación con la empresa».
Asimismo, el regidor ha justificado este goteo de despidos asegurando, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, que «había que mejorar la política de personal, que yo la comparto, porque ha sido una situación controlada y pactada con los sindicatos y una situación de alta tranquilidad, por lo tanto están cubiertos los servicios». Sin embargo, UGT ya ha calificado las palabras de Fraile de «rotundamente falso». Para la secretaria regional de Deportes, Cultura y Medios de Comunicación de este sindicato «la situación de estos despidos está lejos de estar controlada y aún menos consensuada, por lo que denunciamos la incertidumbre en la que se encuentran estos trabajadores». De hecho, los trabajadores preparan para esta semana varias movilizaciones.
Su mano derecha, mañana al banquillo
- Trinidad Rollán, secretaría de Organización del Partido Socialista de Madrid y ex alcaldes de Torrejón de Ardoz, está ya a sólo unas horas de sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid juzgará entre mañana y el viernes en la citada localidad el caso «Patrimonio Siglo XXI» que mantiene imputada a la «número dos» de Tomás Gómez por un delito de prevaricación.
- Junto a Rollán comparecerán ante la Sala de lo Civil y Penal del tribunal madrileño otros 13 concejales acusados del mismo delito por la aprobación, en un pleno de hace nueve años, de un convenio urbanístico con informes en contra.
- La Fiscalía solicitó 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público para la secretaria de Organización y ex alcaldesa de la localidad.
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