Los jueces exigen «pruebas» que justifiquen la medida

Los meros o indicios no bastan, al igual que si se esgrime como una medida preventiva, al estar en juego derechos fundamentales de los trabajadores. Con estos requisitos, existe coincidencia en que esa prórroga no tiene ninguna objeción jurídica al respecto.

En este sentido, José Antonio Ballesteros, miembro de la Ejecutiva de la Asociación Profesional de la Magistratura, destacó que la medida propuesta por el Gobierno sólo se justifica si el Ejecutivo aporta «pruebas fehacientes, que debe explicar a la opinión pública sin ningún tipo de ocultismo», de que se puede volver a repetir la situación.

 «No basta con que se tengan meras sospechas o indicios, sino que se deben tener esas pruebas fehacientes», ya que lo contrario puede conducir a vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores, en este caso los controladores, como «cercenar el derecho de huelga, ejercida en términos legales –cumplimiento de servicios mínimos, etc– y el derecho a la negociación colectiva», aseguró. En todo caso, Ballesteros señaló que «no parece» que la situación actual sea similar a la registrada el día tres, con el abandono masivo de los controladores de sus puestos de trabajo.

Por su parte, José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia, destacó que la «modificación de los poderes que tiene el Gobierno» con la declaración del Estado de Alarma, al asumir competencias que no tendría en circunstancias ordinarias, sólo se justifica en «circunstancias muy excepcionales». En este caso, evitar una paralización de los servicios públicos.

Por ello, entiende que el Gobierno, y en este caso el Congreso, explicita los «motivos e indicios concretos» de que se puede paralizar el tráfico aéreo, «estaría justificada» la prórroga del Estado de Alarma. «Pero no se puede tomar sólo con meras hipótesis», destacó el portavoz de JpD, porque ello podría derivar en un «abuso» del Estado de Alarma y que se llegue a decretar cuando se entienda que se pueden producir «conflictos sociales».

«Hay que tener cuidado con la utilización de figuras jurídicas muy excepcionales, como es el Estado de Alarma», concluyó al respecto José Luis Ramírez.

Sobre esta misma cuestión se pronunció Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Así, señaló que la prórroga del Estado de Alarma «no tiene objeción desde el punto de vista jurídico», distinto a si se dan los criterios de oportunidad y políticos, «en los que no entramos».

En todo caso, destacó, «se ha de ser muy exquisito» con el respeto a la Constitución y el Gobierno debe explicar «de manera muy clara» los motivos que le han llevado a adoptar esa decisión, ya que lo contrario esa prórroga «quedaría viciada de constitucionalidad». La declaración del Estado de Alarma, su prórroga, requiere «que se justifique adecuadamente», dijo.


Objetivo: los bienes de los controladores
- La Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo se reunió ayer con la Fiscalía, para conocer las diligencias de la investigación contra más de 400 controladores por el caos producido el 3 de diciembre, y para que se abran las diferentes piezas de responsabilidad civil con las que los controladores tendrían que responder con su patrimonio personal. En definitiva, exigen adoptar las medidas necesarias que garanticen el cobro efectivo de las posibles indemnizaciones. La presidenta de la Agrupación, Elena Fuente, manifestó ayer que «queremos que los controladores sean los que respondan de las indemnizaciones con su patrimonio personal» puesto que «todos conocemos la dejación grave que de sus obligaciones», concluyó.
- La Fiscalía ha asegurado a los representantes que por supuesto solicitarán dichas medidas y que se le dedicará una muy especial atención a la eficacia y celeridad del proceso. Las indemnizaciones a las que podrían ser condenados podrían ser muy importantes, tanto por el volumen de afectados, unas (600.000 personas) como por los daños que los afectados pretenden reclamar y que les fueran imputables.