Torrijos se fía del interventor pero desoye sus advertencias

Ese mismo interventor, José Miguel Braojos, advirtió el pasado 12 de mayo de que los reconocimientos de crédito para pagar facturas atrasadas –muchas de ellas de áreas dirigidas por el primer teniente de alcalde en funciones– no «seguían los trámites legales», por lo que eran «nulos de pleno derecho». En esa ocasión, como en otras, Torrijos desoyó su opinión porque no es vinculante y definió su actuación como «acción de buen Gobierno». En el «caso Mercasevilla», para tratar de eludir su responsabilidad, traslada toda a los funcionarios y técnicos municipales.

La estrategia de defensa de Torrijos ante el incisivo interrogatorio de Alaya estuvo clara: aparentar que tenía un papel secundario en Mercasevilla, negar que fuera el inductor de que se celebrara un concurso para vender los terrenos y utilizar a los técnicos como parapeto sobre los aspectos en los que votó a favor. Este último apartado, no obstante, contrasta poderosamente con su manera de actuar en sus responsabilidades de gobierno, en las que ha hecho oídos sordos a las continuas advertencias del interventor por cuestiones como la adjudicación de contratos «a dedo» o la concesión de subvenciones sin contar con los preceptivos informes jurídicos.

En el caso concreto del pago de proyectos realizados entre 2004 y 2008 por valor de siete millones de euros, aprobado por el Pleno tan sólo a una semana de las elecciones, el interventor municipal avisó de que «la realización de este tipo de gastos sin la cobertura procedimental exigida por la normativa vigente debe implicar la exigencia de depuración de responsabilidades por actuaciones administrativas irregulares». Pese a este contundente «tirón de orejas», el Gobierno local siguió adelante con el procedimiento, negando Torrijos su «ilegalidad».

Habituales han sido también las discrepancias del señor Braojos con el modo de proceder de la Fundación DeSevilla, controlada por IU. Continuamente ha emitido informes contrarios por la concesión de subvenciones sin concurso público y sin los criterios de publicidad y libre concurrencia, por actuar la Fundación como intermediaria y no como beneficiaria, por no acreditar su capacidad estatutaria y por no presentar las preceptivas memorias para acceder a este tipo de fondos. Y, en todos estos casos, Torrijos e IU desoyeron estos avisos.

«Los informes de Intervención dicen cuál es el camino de la legalidad y cuál no. Cuando interesa, los informes de Intervención respaldan lo que hace el Gobierno municipal y cuando no, los informes no son vinculantes». La frase del portavoz adjunto del PP Beltrán Pérez, el pasado 16 de marzo, cobra plena actualidad tras la declaración de Torrijos.

Pero, ¿quién impuso la limitación al alza?
Torrijos negó categóricamente en su declaración judicial que fuera el «ideólogo» de la claúsula de limitación al alza en el precio de la compraventa de los terrenos de Mercasevilla, aunque sí la considera «legal» y positiva «en términos sociales». No obstante, José Antonio Ripollés, el técnico que elaboró el informe, señaló directamente al primer teniente de alcalde como responsable. «Ya no queda nadie que la defienda», ironizó la juez Alaya en una de sus preguntas refiriéndose a la cláusula de la polémica.