Control de sueldos

MADRID- A partir de la entrada en vigor de la Ley de Buen Gobierno y Transparencia, cada año los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluirán un baremo al que habrán de ajustarse todas las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las entidades locales, en función del ayuntamiento en cuestión, de la población o de otras circunstancias socio-económicas. Con esta medida el Ejecutivo quiere acabar con un mapa dispar y en muchos casos no coherente con la realidad socio-económica del propio municipio. Como la nueva norma de transparencia entrará en vigor antes de fin de año, los presupuestos del 2013 serán los primeros en establecer el baremo unificador. En suma, se trata de convertir en regla de oro el principio de que los gastos se ajusten a los ingresos y a la financiación real de la corporación.

Ésta no es la única medida de control a la que tendrán que someterse en el futuro los ayuntamientos, en reciprocidad a la ayuda que les está ofreciendo el Gobierno central para tapar sus agujeros y garantizarles una viabilidad financiera que les saque de la quiebra técnica en la que ya habían entrado muchos de ellos. Entre esas ayudas está el plan de pago a los proveedores. Quien se haya acogido a él, podrá quedar obligado a afrontar reestructuraciones de plantilla o rebajas de sueldo a sus funcionarios para sanear las cuentas y cumplir con los planes financieros y el ajuste que Hacienda exige para mantener el grifo abierto. El Gobierno quiere garantías sobre las decisiones que adoptarán los alcaldes para equilibrar sus presupuestos.

Con la entrada en vigor del baremo que incluirá la Ley de Buen Gobierno y Transparencia el mapa en el que se reflejan los sueldos de algunos de los ediles españoles puede cambiar radicalmente. Al considerarse, por ejemplo, como condicionante del salario el índice de población, el alcalde de Mollet del Valles de tan sólo 52.409 habitantes, dejaría de percibir los 78.000 euros anuales que recibe. De esta manera sus ciudadanos dejarían de costear el 1,48 euros que pagan por persona del sueldo de su alcalde.

También la remuneración de algunos alcaldes de capitales de provincias se vería afectada, sueldos que en algunas ocasiones superan los honorarios del presidente del Gobierno. Es el caso del alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izagirre de Bildu que cobra 80.803 euros anuales y su población no es excesivamente grande comparada con otras ciudades: 186.185. Es lo que ocurre con ciudades como Madrid o Barcelona donde sus habitantes se cuentan en millones y donde sus ediles alcanzan los 100.000 euros de sueldo anual. Así Xavier Trias recibe 109.939 euros y Ana Botella 101.987.