«No asimilo la muerte de mi hija»

MADRID- Han pasado más de 20 años desde el brutal atentado contra la casa cuartel de la localidad barcelonesa de Vic. Fue en mayo de 1991 cuando ETA lanzó contra el interior del mismo un coche cargado de explosivos que causó la muerte de 10 personas, cinco de ellas niños que jugaban en ese instante en el patio. Fue uno de los atentados más sangrientos de la banda terrorista. Una de las niñas que en ese momento jugaba en el cuartel era Vanesa Ruiz Lara, que entonces tenía 11 años y toda una vida por delante. Pero unos asesinos sin escrúpulos se la arrebataron.

Han pasado más de 20 años, sí, pero su madre, Emilia Lara, aún no ha podido asimilar lo que ocurrió aquel día. Su voz suena calmada cuando responde al teléfono, pero según pasa el tiempo se va haciendo más débil, se entrecorta. Ella para, respira y haciendo de tripas corazón, critica duramente que el asesino de su hija, condenado a 1.311 años de prisión, pueda salir a la calle este mismo año si no se le aplica la «doctrina Parot». «Lo veo fatal», comenta, «debería cumplir toda la pena porque ¿para qué se le condena a tantos años?». Ella tampoco se cree la tregua de ETA ni el supuesto arrepentimiento de muchos terroristas y, como la gran mayoría de víctimas y ciudadanos, piensa que la banda simplemente ha parado «para reabastecerse» de cara a cometer nuevos ataques como el que le costó la vida a su hija. Un atentado que ni ella quiere ni sus sentimientos le permiten recordar. Casi entre lágrimas, apenas atina a decir que «a día de hoy, aún no he asimilado la muerte de mi hija. Hablas de ella y...» se derrumba y las lágrimas pueden con ella. Lágrimas que con toda seguridad serán más si el asesino de Vanesa pone un pie en la calle antes de tiempo.

Unanimidad
Y para que este momento no llegue, las víctimas ponen el grito en el cielo para que no se derogue la «doctrina Parot» y se le pueda aplicar a los terroristas. Para eso y para que no accedan a beneficios penitenciarios de ningún tipo.

«Luchamos para que no se derogue», dice tajante Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, quien tiene muy claro que «es lo único que garantiza que los asesinos cumplan el máximo posible de pena, aunque no sea toda, pero que no cumplan sólo 15 o 20 años».

Una posición que comparte el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite). Su portavoz, Cristian Matías, afirma que «la doctrina ha de continuar. Los terroristas han de cumplir sus penas, si no no se hace justicia y se avalaría sus tesis de que los asesinatos han servido de algo». Pero, además de exigir que no se derogue, Matías considera imprescindible que si de verdad la banda ha dejado las armas para siempre, lo demuestren también «colaborando con la Justicia para tratar de esclarecer de una vez cientos de asesinatos».

Algo más dura se muestra Maribel Vals, de Vecinos de Paz de Berriozar. Tiene claro que, con tanto beneficio penitenciario y reducción de penas, «hacer terrorismo en España es de lo más barato que hay». Por este motivo, cree que a nadie debería pasársele por la cabeza derogar la doctrina, pues ya de por sí «las penas son muy leves para el daño que realmente se ha hecho», mientras que recuerda nombres de terroristas como De Juana Chaos, Ternera o Troitiño, que «se han ido de rositas». Eso sí, tampoco se cree el fin de ETA y tacha todo de montaje.

Y más lejos llega Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Para él, todos los problemas relacionados con la «doctrina Parot» parten del Tribunal Constitucional: «Si se espera a que el TC decida ya se sabe cuál sera su decisión: la derogará», por lo que pide que se cambie a los miembros de un tribunal que «no es constitucional y que lo ha demostrado en sentencias como las de Bildu o Amaiur». Portero señala que «lo más importante es atajar el problema de raíz; los gobiernos no se pueden escudar en ese respeto a la Justicia. Los magistrados han de ser independientes». Eso sí, aunque considera que «ese es el problema real», coincide con las demás víctimas en que los asesinos han de cumplir el máximo de condena.