El mercado ratifica que el marido de la juez auditó sus cuentas hasta 2001

Mercasevilla se da prisa en facilitar a la Audiencia Provincial la información solicitada por la magistrada de la Sección Primera María Auxiliadora Echavarri para ratificar o no a la titular del juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, al frente de la investigación sobre los presuntos delitos societarios cometidos en el mercado central de abastos, incluyendo las posibles irregularidades en sus expedientes de regulación de empleo (ERE). En un escrito formalizado el pasado 18 de noviembre, la sociedad confirma que la asesoría en la que trabajaba el marido de la instructora auditó su contabilidad hasta el ejercicio de 2001.

Dentro del proceso de recusación iniciado por la defensa de la ex responsable económico-financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo, la magistrada María Auxiliadora Echavarri recordaba en su dictamen preliminar que la investigación de la juez Alaya arranca en septiembre de 2002, cuando el querellado Fernando Mellet fue nombrado director gerente.

Según el informe presentado por Mercasevilla, KPMG Auditores SL, la firma de Jorge Castro –el marido de la magistrada Mercedes Alaya–, presentó su último análisis de cuentas en junio de 2002, lógicamente en referencia al ejercicio de 2001.

El documento ya en poder de la Audiencia Provincial indica que el primer informe contable de esta auditora externa para Mercasevilla se refiere a 1998 y fue presentado en marzo de 1999. En el ejercicio de 1997, la firma trabajaba bajo la denominación «KPMG Peat Marwick Auditores SL» y desde 1987 lo venía haciendo como «KPMG Peat, Marwick y Cía Auditoría SRC». En 1985 y 1986, la entidad fiscalizadora era Peat, Marwick, Mitchell & Co.

En su escrito, la representación legal de Mercasevilla indica que ésta es la información disponible hasta el momento sobre «los servicios de auditoría prestados por Castro», y garantiza que «de poder recabar información adicional, será aportada al tribunal tan pronto como sea posible».

Junto a las defensas de Giraldo, Mellet, el ex director adjunto Daniel Ponce y la Fiscalía, la sociedad municipalizada había respaldado la retirada de la juez Alaya del caso. Paradójicamente, es la misma institución quien aporta ahora la información que desvincula al marido de la magistrada de los ejercicios económicos investigados y, por tanto, diluye los motivos «personales» esgrimidos para su recusación.