Empleo envía a los tres meses nuevos expedientes de los ERE al Consultivo

Sevilla- La investigación judicial de los ERE fraudulentos sigue adelante y el caso va a ser uno de los principales escollos del nuevo bipartido PSOE-IU, tanto o más que la delicada situación económica. Hay 52 imputados, un ex consejero de Empleo y un ex director general, además del que fuera su chófer, en la cárcel de forma preventiva. Y lo más peligroso para la Junta es que la lupa de la juez Mercedes Alaya apunta a la responsabilidad de ex consejeros durante la década en la que se centran las irregularidades (2001-2010). Entre ellos José Antonio Griñán, ex titular de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009.

El presidente de la Junta mencionó de pasada los ERE en su discurso de investidura, reconociendo que es «plenamente consciente del impacto en la opinión pública» que ha tenido el fraude. Alardeó de que los ciudadanos han valorado la «rápida reacción» que tuvo la Junta «en su investigación y denuncia», y dijo ser consciente de que los votantes le han dado un «encargo implícito de erradicar este tipo de conductas en la vida política andaluza». Será un hombre de su máxima confianza, Antonio Ávila, el principal encargado de lidiar con el caso y de cumplir esta aireada y nunca cumplida promesa de colaboración franca con la Justicia. Ávila, que ha sustituido a Manuel Recio, se conoce bien el terreno. Formó, junto a Carmen Martínez Aguayo, el núcleo duro de Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda. Ahora asume Economía y Empleo, tras tres años como consejero de Presidencia, primero, y de Economía e Innovación, después.

Una de las muchas tareas pendientes de Ávila es seguir adelante con la revisión de oficio de las ayudas libradas por la Junta saltándose la legalidad de los procedimientos administrativos. Y, si así procede, pedir la devolución. Es una labor ingente en virtud de las cifras. Como señaló la juez encargada del caso en el auto de prisión del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, éste, entre octubre de 1999 y abril de 2008 (la mayor parte de la década investigada) otorgó, «en connivencia con otros» –la apostilla no es baladí– 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas, conociendo el «incumplimiento flagrante» de la Ley General de Hacienda Pública. El dinero librado por Empleo en estos diez años ronda los 700 millones.

Empleo ha tardado tres meses en remitir nuevos expedientes de ayudas para que el Consejo Consultivo se pronuncie de forma preceptiva sobre estas revisiones de oficio. La primera solicitud entró en el órgano el 23 de enero de este año, a petición del entonces consejero de Empleo, Manuel Recio, que es la figura competente para iniciar el proceso. En fechas recientes, según ha podido saber este medio de fuentes de toda solvencia, el ente ha recepcionado una nueva solicitud con varios expedientes.

En el primer caso, el consultivo dictaminó favorablemente la declaración de nulidad de dos ayudas de 1,2 millones cada una concedidas en 2005 por la Dirección General de Trabajo a Maestrazgo de Sevilla. El cobro se desvió a través de otras resoluciones al BBVA, que nunca ingresó el importe que ha reclamado el banco en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Maestrazgo de Sevilla es una de las múltiples empresas de los ex ediles de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo –hijo del ex alcalde Rafael Rosendo– y José María Sayago, los dos imputados. El Pedroso es el epicentro del caso en la Sierra Norte, que acumuló 50,8 millones en ayudas, frente a los 24,6 destinados al resto de Andalucía. El dictamen favorable de la revisión de oficio de las ayudas a Maestrazgo dio a la Junta luz verde para declarar la nulidad, ya avalada previamente por varias sentencias del TSJA en relación a otras ayudas. Sin embargo, las consideraciones del Consultivo no le vinieron bien a la Junta y esto, junto a la remisión de documentos que habrían salido de su control, es lo que ha podido evitar la Junta con este prolongado «impasse» en fecha preelectoral. El primer y único dictamen señalaba que «es de todo punto inconcebible una subvención ayuna de causa que la justifique y de procedimiento que asegure la tutela de los fines perseguidos. Precisamente, el procedimiento es la garantía fundamental de que las subvenciones se otorgan con objetividad y con sometimiento pleno a la ley y al derecho, pues de otro modo podrían propiciarse actuaciones abusivas, arbitrarias, fraudulentas y hasta delictivas, exentas de controles». Incluso –y es lo más importante– el Consultivo, por ley, atribuye «el ejercicio del control financiero de subvenciones y ayudas públicas a la Intervención General de la Junta respecto de los beneficiarios».

IU pide investigar los ERE vivos y los ya abonados
IULV-CA ha modificado la petición de comisión de investigación sobre el caso de los ERE que registró el pasado 20 de abril en el Parlamento, para que se investiguen tanto los expedientes ya concluidos o abonados totalmente, como aquéllos que se encuentran abiertos y pendientes de pago.
Así lo señaló el vicepresidente de la Junta y coordinador de IULV-CA, Diego Valderas, en una entrevista con Ep, en la que ha indicado que su fuerza política ha considerado que dicha petición tenía que ser «fortalecida». El PP ha solicitado la comparecencia de 24 personas, entre ellas el presidente andaluz, José Antonio Griñán.