«El Ayuntamiento de Barcelona me pagó el aborto con Morín»

Claro ejemplo de ello lo reflejan, al menos, dos de las mujeres que declararon ante la Guardia Civil después de destaparse el escándalo de las presuntas irregularidades cometidas en esos centros médicos de Barcelona; testimonios que han permanecido secretos durante todos estos años para garantizar la identidad y seguridad de las afectadas y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

«Extendido por el Consistorio»
Una de estas mujeres –de la que este periódico no facilitará ningún dato– no tuvo reparos en confesar que recibió un cheque del Ayuntamiento de Barcelona, extendido ya a nombre de TCB, una de las clínicas de Morín, para que abortara allí, cuando ya se encontraba embarazada de 21 semanas y 5 días.

Previamente había confirmado que esperaba un hijo y ella estaba dispuesta a interrumpir el embarazo, por lo que acudió al médico y a la asistenta social del centro de asistencia que correspondía a su distrito. Allí mismo le facilitaron información sobre donde podía abortar.

Sobre el modo de pago por esa «operación» fue clara y rotunda: «Los servicios del Ayuntamiento de Barcelona, debido a las condiciones personales, estando la hija que posee tutelada por la Dirección General de la Infancia de la Generalitat, le facilitaron un cheque» por una cantidad que no recordaba, pero sí hizo constar que «estaba a nombre de la clínica privada TCB» , propiedad de Morín, y que del pago con dicho cheque no obtuvo ninguna justificación. Además de la cantidad que figuraba en ese talón «extendido por el Ayuntamiento» tuvo que pagar otros 200 euros en efectivo. El pago con el talón lo realizó a las dos semanas de abortar.

El departamento del Ayuntamiento donde le facilitaron el talón fue la sede del distrito de Ciudad Vella y los trámites para conseguir «la financiación de la interrupción del embarazo se los hizo una funcionaria» del Equipo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Además, tenía muy claro que cuando le dieron el «cheque del Ayuntamiento, sabía que era para realizar el aborto».

En ningún momento, aseguró al respecto, nadie del Ayuntamiento, de la Generalitat ni del Centro de Atención Primaria «le dijeron que el aborto era ilegal, ni tampoco en la clínica donde lo hizo».

En Tarrasa, un bono descuento
Pero Barcelona no es un caso único a la hora de prestar esa «ayuda social». En Tarrasa también ocurrió algo parecido con otra joven que fue a «Planificación Familiar» cuando verificó que estaba embarazada. Allí «la tranquilizaron» y la informaron de las «posibilidades de llevar a cabo» el aborto, dándole los nombres de dos clínicas.

Para ello, y como quiera que se encontraba «dentro de la edad que Planificación Familiar tiene previsto, le facilitaron un bono que le suponía una rebaja en el precio en la intervención que sufriese».

Ese mismo departamento le facilitó el teléfono al que debía llamar y allí le dijeron que podía acudir también a la clínica TCB de Morín. En ese bono ya ponía el precio que también debería abonar: 255 euros, que pagó en efectivo el día de la interrupción del embarazo.