El Consistorio advierte de que 1 de cada 5 comercios no rotula en catalán

BARCELONA- El 19,2 por ciento de los comercios de Barcelona no rotulan en catalán y el 34 por ciento no cuenta con los documentos de oferta de servicios en este idioma. Todos incumplen el Código de Consumo y la Ley de Política Lingüística. Así lo advirtió el Ayuntamiento de Barcelona que, junto a la Unión de Consumidores de Cataluña (UCC), presentó ayer el primer informe sobre la situación del comercio en la Ciudad Condal.

Para el concejal de Comercio, Consumo y Mercados del Consistorio barcelonés, Raimond Basi, el hecho de que uno de cinco establecimientos no tengan rótulos en catalán, ni dentro ni fuera de local, es un dato «satisfactorio» porque aún no ha habido «una presión exhaustiva» para que se cumpla la normativa en materia lingüística.

Desde que entrara en vigor, en 1998, la Ley de Política Lingüística que obliga a rotular como mínimo en catalán y hasta el año pasado, la Generaliat ha impuesto 1.267 multas –las primeras en 2003– a comercios o establecimientos por incumplir la normativa. En total, el Govern ha recaudado, hasta 2011, 1.077.550 euros en sanciones lingüísticas.

El informe, que recoge un estudio sobre mil establecimientos de doce ejes comerciales, pone de manifiesto que son los locales del barrio del Raval los que menos cumplen con la normativa de consumo. La mayoría no informan de sus horarios o no tienen un cartel en lugar visible y el 8 por ciento no puede emitir facturas a sus clientes.

Anulan una multa por estar sólo en catalán
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida ha anulado una multa del Ayuntamiento de Barcelona por estar sólo en catalán y condena a éste a pagar una sanción de 600 euros. Una ilerdense que conducía por la Ciudad Condal hablando por el móvil fue multada con 200 euros y pérdida de tres puntos del carné de conducir. La mujer realizó los trámites en castellano, pero la administración respondió sólo en catalán. El juez anuló la multa al considerar que era «disconforme a derecho». El Ayuntamiento impugnó la anulación. Pero, lejos de conseguir su objetivo, el Consistorio ha sido condenado a pagar un sanción de 600 euros. Y es que el juez considera que el Consistorio barcelonés ha actuado con «temeridad» a la hora de oponerse a la nulidad de la multa a la mujer.