Copago en la Justicia

España es uno de los países europeos con mayor litigiosidad, debido en parte al «hipergarantismo judicial» del sistema, pero también a la ligereza con la que se acude, por razones culturales y sociales, a los tribunales. Las consecuencias están a la vista de todos: acumulación de casos, procesos inacabables, lentitud judicial, desmotivación de los jueces y pérdida de confianza del ciudadano en la Justicia. Además, si se tiene en cuenta que el coste medio de cada procedimiento se sitúa entre los 1.500 y los 1.800 euros, el hachazo que sufren las arcas públicas resulta escalofriante. Sería una frivolidad achacar a tal o cual Gobierno la desastrosa situación a la que se ha llegado, aunque es cierto que en estos siete años de gestión socialista los ministros de Justicia (López Aguilar, Fernández Bermejo y Caamaño) han brillado por su ineficacia y sectarismo. Para poner orden y frenar esta metástasis en los tribunales son necesarias reformas estructurales que afecten a la propia organización judicial y cambios legislativos que aporten agilidad y operatividad a los procedimientos. Pero no es suficiente. También el ciudadano está obligado a colaborar en la solución del problema. En este punto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más numerosa y representativa de la carrera judicial, ha formulado una propuesta sobre la que convendría abrir un amplio debate. Se trataría de introducir el copago mediante una tasa que deberían abonar aquellos que voluntariamente acudan a la Justicia o mantengan abiertos procedimientos aun a sabiendas de que son nulas las posibilidades de que prosperen sus pretensiones. Como es natural, del copago quedarían excluidas las acciones de la jurisdicción penal. En contra de esta fórmula puede argumentarse que perjudica a los que carecen de medios y que fomenta una Justicia sólo «para ricos», con lo cual se cercenaría el acceso universal y en igualdad de condiciones a este derecho. Para evitar que tal cosa suceda, la APM propone un sistema de compensación en virtud del cual quien pierda el litigio asumirá el pago de las tasas de las dos partes. La propuesta, naturalmente, es perfectible y puede ser completada con otras variantes, pero lo que resulta indiscutible es que la maquinaria judicial requiere de la colaboración ciudadana por razones de eficacia, pero también para impedir que se abuse de un servicio básico del Estado de Derecho que pagamos todos los españoles. Al no disuadir a los litigantes sin fundamento o interesados en prolongar artificialmente un proceso para obtener beneficio personal, el sistema carga el coste sobre los demás ciudadanos y castiga a aquel que sí tiene motivos fundados para acudir a la Justicia. La propuesta de la AMP es razonable y, a diferencia de lo que sucede en el campo de la Sanidad, no parece que pueda suscitar una oposición tan rotunda. Merece la pena abrir el debate y sería de agradecer que los partidos políticos lo incluyeran en la campaña electoral de forma sosegada y constructiva.