La Fiscalía pide fianzas de 28 millones para los primeros imputados de los ERE

Sevilla- La elevada cuantía debe cubrir «la devolución de cantidades ilícitamente obtenidas que ellos han recibido». La petición «se hace atendiendo al conocimiento actual que se tiene de los hechos, sin descartar por tanto que las medidas cautelares puedan en momento posterior ser aumentadas».

La Fiscalía pide, por ejemplo, para Ricardo Medina Barrios –uno de los intrusos que se negó a declarar ante la juez–, militante del PSOE de Camas y prejubilado en el ERE de 2003 de la firma de confecciones Intersur, una fianza de 170.000 euros, mientras que para José Antonio García Prieto, ex secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de Camas, relacionado también con el ERE de Intersur, 270.000 euros.

Por otro lado, la etapa como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) del ahora presidente de la Junta, José Antonio Griñán, lo está poniendo en una situación más que comprometida en relación a la trama de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos que investiga el juzgado.

Tres son las líneas que cercan a Griñán. La primera, la existencia de reiterados avisos de la Intervención General poniendo de relieve que la Junta estaba tramitando subvenciones para ERE y empresas en crisis «prescindiendo de forma total» del procedimiento administrativo establecido. Griñán debió de recibir esos informes y así lo ordenó la Intervención, pero su entonces viceconsejera y ahora consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, alegó que no se los trasladó porque no eran lo suficientemente relevantes. La segunda, los cambios presupuestarios en favor del «fondo de reptiles», que fueron propuestos al Consejo de Gobierno por el entonces consejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán. La tercera la apuntó la juez Alaya en su último auto del 10 de noviembre al pedir «copia compulsada de la autorizaciones que constan del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previas a la aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno, y relativas a las operaciones de endeudamiento igual o superior a 1,2 millones de euros».

El Gobierno andaluz aduce, apoyándose en los estatutos de la Agencia IDEA –el ente que transfería los pagos del «fondo de reptiles»– que para otorgar subvenciones de más de 1,2 millones bastaba con la autorización del Consejo Rector de IDEA y no era necesaria la del consejero de Economía. Sin embargo, para las operaciones de endeudamiento sí es necesaria la autorización del titular de Economía, tal y como recoge también el artículo 70.4 de la Ley de Hacienda. Y aquí es donde entra en escena la documentación que hizo ayer pública el secretario general del PP-A, Antonio Sanz. El Consejo Rector de IDEA aprobó el 14 de julio de 2005 autorizar a la agencia a «contraer uno o varios préstamos con entidades financieras por un importe máximo de 9.774.200 euros» para la «financiación de adquisición de diversos activos de Santana Motor». El Gobierno andaluz la autorizó el 26 de julio.
 

Tirón de orejas de los jueces al PSOE
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) pidió ayer a los dirigentes políticos que actúen con responsabilidad y no transmitan de forma «injustificada» una «falsa politización» de los jueces y magistrados, como está ocurriendo con los instructores del caso de los ERE irregulares o de la «operación Campeón». La asociación se pronunció así en un comunicado tras las manifestaciones realizadas desde la clase política en las que tacha de «parcialidad» a varios miembros del Poder Judicial. Estas «difamaciones», criticó, afectan a la credibilidad general de la Justicia. En declaraciones a Ep, el portavoz Pablo Llarena recordó las críticas que ha recibido Mercedes Alaya por el caso de los ERE y la juez Estela San José, que investigó los indicios contra el ministro de Fomento José Blanco en el denominado «caso Campeón».