Romper la cara tiene premio por José Clemente

C oincidían John Henry Newman y José Ortega y Gasset en definir la Universidad como ese espacio sagrado en el que se enseña el conocimiento universal a las jóvenes generaciones, además de las lógicas reglas de respeto a todas las opiniones, la tolerancia y el debate como fórmulas para plantear las inquietudes propias frente a las ajenas. Y como institución más avanzada y representativa de la sociedad, a la vez que abanderada del más incuestionable de los pluralismos y de respeto al adversario, es hereditaria y transmisora de todo el saber de la civilización y la quintaesencia misma del humanismo. Por esa razón de índole natural, nuestro ordenamiento jurídico incluyó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal el artículo 547 que prohíbe, taxativamente, la entrada de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, a la Policía, en esos «sacrosantos» espacios del saber. El viernes, sin embargo, si pudieron entrar y por la fuerza al salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa del campus de Espinardo un grupo de radicales, algunos de ellos ajenos a esa universidad, acompañados por varios profesores que quizás tampoco impartan clases en la UMU, para reventar el acto de inauguración del curso académico de las universidades públicas de la Región y que, como viene siendo habitual estos últimos años, tanto la Universidad de Murcia como la Politécnica de Cartagena celebran de manera conjunta para tratar de ahorrar en este tipo de actos protocolarios.

Todos sabemos de la precaria situación que atraviesan las universidades públicas en general y, las murcianas, en particular, y que eso afecta a todos los ámbitos de la propia universidad, tanto administrativos, como de personal, académicos y entre los propios estudiantes, del mismo modo que sabemos que el derecho de manifestación es uno de los pilares sobre el que descansa el entero edificio de los derechos fundamentales de nuestra Carta Magna. Pero tanto las justas reivindicaciones educativas como los derechos, por importantes que sean, pierden su razón de ser cuando traspasan la línea roja del respeto, y se vuelven en contra de sus patrocinadores cuando en su práctica se recurre a la violencia. Lo ocurrido el viernes no fue una simple gamberrada, por mucho que el rector José Antonio Cobacho, anfitrión del acto, se vea obligado a quitarle hierro al asunto. Fue, bien al contrario, un acto delictivo, perseguible de oficio, que debería llevar a los culpables ante los tribunales, un puñado de radicales profesionales de la bronca que, al más puro estilo de la «kale borroka», asaltaron la universidad, se enfrentaron a los agentes de seguridad que la custodiaban, forcejearon con ellos a golpes y empujones, insultaron a las autoridades académicas, impidieron la realización del acto universitario, destrozaron algún que otro mobiliario de la Facultad, llenaron de pintadas las paredes de sus accesos y vejaron a todo el mundo asistente. Todo eso con el aplauso de Pujante (IU-V), Daniel Bueno (CC OO), Antonio Jiménez (UGT), y los restantes sindicatos universitarios. Decía y mantengo que eso es perseguible de oficio si Murcia contara con un fiscal-jefe mínimamente imparcial. Pero no, al jefe del Ministerio Público regional, Manuel López Bernal, sólo le preocupa el PP y la supuesta corrupción de este partido que sólo existe en su cabeza, porque lo de la violencia es muy complicado, más aún si entre los detenidos figurara alguna cara conocida por él mismo.

Si la violencia es el medio para alcanzar algún fin, el criterio para su condena y su crítica está ya dado, servido en bandeja, nos decía Walter Benjamin en «Para una crítica de la violencia», por eso no caben las medias tintas, porque ninguna acción violenta y, menos en la Universidad, merece tal consideración, sino su rechazo sin paliativos y la exigencia del cumplimiento de las leyes, que para eso están. Es más, la indolencia con que son vistos y tratados los abundantes casos ocurridos estos últimos años en Murcia dan mucho que pensar. Nadie ha pagado por la agresión al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, ni por los continuados ataques a la familia del presidente Valcárcel, ni al actual secretario de la Delegación del Gobierno, José Gabriel Ruiz. Agredir, violentar y partir la cara a alguien del PP en Murcia parece salir gratis. ¿O tiene premio?, político, claro.