El abogado de Urdangarín apelará a la indefensión

MADRID- La defensa de Iñaki Urdangarín, ejercida por el penalista barcelonés Mario Pasqual Vives, acudió ayer al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca para personarse como defensor del duque de Palma, imputado por el juez José Castro por presuntas irregularidades cometidos por el Instituto Nóos, que fue creado como un organismo sin ánimo de lucro. En un principio, la declaración de Urdangarín está fijada para el próximo 6 de febrero, aunque ayer mismo el letrado de los hermanos Marco Antonio Tejeiro, Miquel Tejeiro y Ana Maria Tejeiro, imputados en la misma causa, solicitaron un aplazamiento de esa comparecencia, al coincidir con un señalamiento en la Audiencia de Barcelona.

Con ese trámite cumplido, el abogado de Iñaki Urdangarín dispone ya de toda la causa, unos 27.000 folios en los que se detallan todas las actuaciones practicadas hasta ahora en la instrucción y los resultados de las diligencias, entre otros los informes de Hacienda y la contabilidad del entramado empresarial, así como la documentación intervenida en las entradas y registros que ordenó el juez.

En este procedimiento se intenta determinar si se ha incurrido en los posibles delitos de desvío de fondos públicos y privados de unos seis millones de euros, con la mediación del Instituto Nóos, evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según señalaba el magistrado en uno de los autos por los que ordenaba la entrada y el registro de Nóos.

Sin embargo, los defensores de los imputados no tardarán en poner en funcionamiento toda la maquinaria para intentar desmontar las acusaciones de los fiscales anticorrupción y del propio instructor de la causa.

Uno de los puntos que esgrimirán las defensas es denunciar que sus clientes han sufrido indefensión. Y ello, porque no se pusieron en su conocimiento los indicios de los presuntos delitos que existían contra sus clientes, habiendo retrasado meses esa notificación a los afectados.

En este punto, podrían aludir al propio auto del juez donde imputa formalmente a Urdangarín y a otras siete personas, entre ellas Diego Torres, principal socio del duque de Palma. En esa resolución, el magistrado reconocía que la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone la obligación de poner «inmediatamente» en conocimiento «del presunto implicado» la existencia de indicios que puedan conducir a la «imputación de un delito contra persona o personas determinadas».

Sin embargo, el instructor no dio traslado de los mismos afectados en esos momentos. La justificación que ofrecía el juez al respecto era que la causa estaba secreta y que informar de esos indicios podía perjudicar la investigación. «Tal requisito –el que imponía la obligación de dar traslado de los indicios a los perjudicados– no ha podido cumplirse totalmente, ya que la declaración del secreto, indispensable para concretar indiciariamente el reproche penal, excusaba de hacerlo, pues frustraría la finalidad pretenddida», afirmaba al respecto el juez José Castro.

Otros argumentos
De esta forma, consideran que ese argumento puede ser decisivo para alegar indefensión, e incluso solicitar la nulidad de la causa.

En cuanto a los delitos a los que alude el juez en su auto de imputación, las fuentes consultadas señalaron que, en el caso de Iñaki Urdangarín, otra de las estrategias de su defensa podría estar encaminada a mantener que el Duque de Palma no conocía las actividades y apuntar a Diego Torres, el primero de los imputados en esta causa, abierta como pieza separada del «caso Palma Arena».

Además, estudia aducir que los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad documental sólo pueden imputarse a funcionarios o autoridad pública, por lo que, en ningún caso, se podría acusar de los mismos a los responsables del citado Instituto Nóos.

Respecto a las cantidades percibidas por la organización de determinados eventos en Baleares y Valencia, muy por encima de lo que sería habitual, la defensa giraría en torno a «responsabilizar», en todo caso, a las administraciones que acordaron tal contratación, desvinculando, por tanto, a los responsables del citado instituto.

Donde lo tendrá más complicado la defensa es en el caso del delito fiscal ya que en la abundante documentación incautada durante los registros parece qdejar claro que una importante cantidad de dinero percibido por Nóos salió de España con destino a paraísos fiscales. La pena establecida por el Código Penal para este delito oscila entre uno y cuatro años de cárcel y multa de hasta seis veces el valor de los defraudado.

Los protagonistas
El abogado Mario Pasqual Vives será quien defienda al duque de Palma, Iñaki Urdangarín. El pasado 11 de diciembre fue designado asesor jurídico y único portavoz de Urdangarín. Pertenece al bufete barcelonés Brugueras, García-Bragado, Molinero y Asociados. Está especializado en asuntos de Derecho Penal y Procesal, y es también experto en las áreas de Derecho Civil y Mercantil. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, también es miembro del patronato de la Fundación Antoni Serra (una entidad de asistencia social y sanitaria).

El juez José Castro. Es titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca y encargado de instruir el «caso Palma Arena». En julio de 2010 abrió una nueva causa sobre los convenios firmados para la organización de las dos ediciones del «Illes Baleares Forum». En junio de 2011 imputó a Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín. Un mes después, hizo lo propio respecto al ex director general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester, y al ex gerente del Instituto Balear de Turismo, Raimundo Alabern.
 

Fabra estudia personarse en la causa
En palabras del propio presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, no se desecha la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico se persone en la causa en la que esta imputado Iñaki Urdangarín. Según Fabra, se está estudiando esta opción que depende de la decisión de su servicio jurídico, y que, si ésta «entiende que ha habido necesidad de tener que presentar o comparecer para defender los intereses de la Comunitat, lo haremos como lo hemos hecho también y lo hemos propuesto en otras ocasiones» afirmó el presidente.