ANÁLISIS: La ley de consultas catalana al TC

El pasado 31 de marzo, la Generalitat aprobó el proyecto de ley de consultas populares, que convirtió a Cataluña en la primera autonomía en impulsar una ley que le permite solicitar al Gobierno central la convocatoria de referendos sobre «cuestiones de especial trascendencia política». El Ejecutivo entiende que es el Estado el que tiene competencia exclusiva en la regulación y convocatoria de referendos y que la competencia autonómica sólo cabe sobre las consultas populares, tal y como recoge el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Según el Ejecutivo, la ley catalana equipara la consulta popular al referéndum y considera que el único límite a su potestad para la regulación de estas consultas en el ámbito territorial de Cataluña es la necesaria autorización del Estado. La propuesta gubernamental de recurso, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, está en sintonía, por tanto, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.