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Garzón ordenó las escuchas para evitar que la trama siguiera evadiendo dinero
Garzón ha justificado su orden para que fueran intervenidas las conversaciones en prisión de los cabecillas de la «trama Gürtel» con sus abogados en la necesidad de impedir que los miembros de esta red delictiva continuaran operando para blanquear capitales y evadir dinero fuera de España.
Baltasar Garzón Garzón ha justificado este martes en el Supremo su orden para que fueran intervenidas las conversaciones en prisión de los cabecillas de la "trama Gürtel"con sus abogados -decisión por la que se enfrenta a una pena de inhabilitación de 17 años-, en la necesidad de impedir que los miembros de esta red delictiva continuaran operando para blanquear capitales y evadir dinero fuera de España.
Tras la reanudación de la vista, que se había iniciado por la mañana con las cuestiones previas planteadas por la defensa, el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, ha señalado a Garzón que para declarar como imputado debía despojarse de la toga y sentarse en el lugar destinado a los procesados. Hasta el momento, el juez suspendido había estado sentado en el banco destinado a los letrados de la defensa junto a su abogado en esta causa, Francisco Baena Bocanegra.
Con una voz muy débil y ronca, fruto de la afonía que padece, Garzón ha contestado a las preguntas de Ignacio Peláez, cuya querella inició este procedimiento contra él en el alto tribunal, y ha negado que las intervenciones le permitieran conocer la estrategia de defensa de su cliente, el constructor Ulibarri.
"Evitar la continuación de la actividad delictiva"
Ha añadido que las estrategias de defensa además "le importaban bien poco"para el curso de la investigación, pues su intención no era otra que la de "evitar la continuación de la acción delictiva"relacionada con el blanqueo de capitales y la evasión del dinero fuera de España.
Gárzón ha insistido en que la actividad delictiva continuaba en prisión por parte de los integrantes de la trama corrupta, y que las escuchas le brindaban "la única posiblidad que tenía", como juez, para poder perseguir los delitos y conciliar este interés con la protección de los derechos de las partes en el proceso.
Los abogados "eran parte nuclear"de las actividades de la trama corrupta, según Garzón, concretamente Ramón Blanco Balín, José Antonio López Rubal y Manuel Delgado, quienes posteriormente resultaron imputados, al igual que los cabecillas de la trama "G~rtel", por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho, asociación ilícita, falsedad tráfico de influencias. ((Habrá ampliación)
Rechazo a la recusación
Paralelamente, esta mañana la Sala de lo Penal había rechazado que la Sala del 61 del Tribunal Supremo actúe como tribunal de apelación en caso de condena, aunque ha aceptado la audición a puerta cerrada de algunas de las conversaciones intervenidas siempre que sean concretadas por la defensa del juez.
Esa ha sido una de las cuestiones previas al juicio que han sido aceptadas por el tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, que juzga la posible intervención ilícita de las conversaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama G~rtel con sus abogados en prisión.
La Sala también ha aceptado la declaración, en calidad de testigo, del funcionario del juzgado de Garzón liberado para el caso G~rtel, Vicente Maroto, que alertó a algunos letrados de que sus comunicaciones estaban siendo grabadas.
No obstante, los magistrados han rechazado las recusaciones de los magistrados Luciano Varela -instructor de la causa por la investigación de los crímenes del franquismo-- y Manuel Marchena -instructor de los cobros de Nueva York--, que han vuelto a ser formuladas por la defensa del juez imputado, ejercida por el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, al dudar de su imparcialidad.
En cuanto a la posibilidad de facultar a la Sala del 61 para revisar el recurso de apelación del aforado, el tribunal ha enfatizado que se trata de un "tema recurrente"que ya ha sido planteado con anterioridad. En cualquier caso, ha obviado entrar en este debate ya que la legislación no contempla esta competencia de la Sala Especial, "guste o no guste".
En palabras del magistrado Joaquín Giménez, se trata de una cuestión que corresponderá revisar al Parlamento al constituir "un debate doctrinalmente abierto". El tribunal también ha desestimado aportar como prueba de la defensa una relación de sentencias en las que se haya condenado anteriormente a algún juez por la realización de escuchas.
En cuanto a la audición de las conversaciones intervenidas en prisión, ha solicitado que las partes acoten los fragmentos que creen necesarios que el tribunal escuche a puerta cerrada por su interés.
La Sala ha suspendido la prolongación del juicio hasta las 17.00 horas, cuando previsiblemente se reanudará con el interrogatorio de Garzón, que se enfrenta a un máximo de 17 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
El tribunal se encuentra además formado por el magistrado Luciano Varela, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Juan Manuel Berdugo. El presidente es Joaquín Giménez y el ponente de la sentencia será Colmenero.
En esta causa, en la que se pide para Garzón hasta 17 años de inhabilitación, se juzga si el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 prevaricó al dictar en febrero y marzo de 2009 los dos autos que ordenaron la intervención de las comunicaciones de la trama de corrupción que salpicó a cargos del PP.
Hasta 17 años de inhabilitación
El juez Baltasar Garzón llegó a las 10:13 horas al Tribunal Supremo, donde a partir de las diez y media será juzgado por ordenar grabar las conversaciones en prisión entre los imputados del "caso Gürtel"y sus abogados, en medio de una gran expectación mediática y escoltado por agentes de seguridad.
Garzón, para quien las acusaciones piden entre 10 y 17 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales, ha llegado acompañado de su abogado, Francisco Baena Bocanegra y varios miembros de la Fuerzas de Seguridad de la Audiencia Nacional.
El magistrado no ha querido hacer declaraciones a su entrada al tribunal, aunque ha sonreído ante los periodistas congregados y al escuchar los aplausos y gritos de ánimo de los simpatizantes concentrados a las puertas del TS.
Alrededor de las 09:50 horas han llegado a pie desde la Audiencia Nacional al Alto Tribunal un grupo de magistrados y fiscales, que han acudido para arropar a su compañero.
Entre ellos estaban la fiscal Dolores Delgado, los jueces de instrucción Fernando Andreu y Santiago Pedraz y los magistrados de la sala de lo penal Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel, Clara Bayarri y José Ricardo de Prada, estos últimos son los que firmaron el voto particular a favor de la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo.
Manifestaciones de apoyo
Frente a las puertas del Supremo varias decenas de personas, convocadas por la plataforma "Solidarios con Garzón", se han concentrado para denunciar "la persecución política"al magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones desde mayo de 2010.
El grupo de simpatizantes, encabezado por la actriz Pilar Bardem y el diputado de IU Gaspar Llamazares, portaba una gran pancarta en la que se podía leer "Contra la inmunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo", al tiempo que coreaban gritos en solidaridad con apoyo al juez e insistiendo en que "hay que juzgar al franquismo criminal".
Asimismo llevaban carteles con eslóganes como "tapan sus delitos echando a Garzón"o
"acallan al juez; mañana a ti".
A las puertas del Supremo también han acudido una decena de funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que era titular Garzón antes de ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial, "para apoyar al jefe", e incluso alguno de ellos se ha cogido un día a cuenta de sus libranzas para estar junto al magistrado.
Casi un centenar de medios de comunicación de 15 países se han acreditado para el que será el primer juicio al que tenga que enfrentarse Garzón este mes de enero, ya que el próximo martes será juzgado también en el Tribunal Supremo por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
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