Recursos al límite ante el aluvión de pateras

En concreto, el pasado jueves la Guardia Civil interceptó una embarcación a 1,8 millas de Almería con siete inmigrantes de origen argelino, que fueron rescatados por una embarcación de Salvamento Marítimo.

Horas después, en la madrugada del viernes, los efectivos de rescate localizaron dos barcas hinchables con 13 inmigrantes de origen marroquí, que intentaban cruzar el Estrecho de Gibraltar. Además, sendas pateras llegaron ayer a Melilla y Motril, con diez y siete personas, respectivamente.

Cuando son rescatados, los inmigrantes son trasladados al correspondiente CIE, con un límite de estancia fijado en 60 días hasta que se formaliza la repatriación. El secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás, asegura que la ocupación de estos centros durante el año es «bastante alta», aunque en verano, con la llegada constante de pateras, «hay mucha más afluencia».

Araguás pone el acento especialmente en las instalaciones de Ceuta y Melilla, que están «por encima de su capacidad». «Nos preocupa la respuesta que se está dando en estas dos ciudades autónomas, sobre todo a raíz del cambio de las relaciones entre España y Marruecos», sostiene.
Los CIE dependen del Ministerio del Interior y están gestionados por policías nacionales. Araguás critica la «ambigüedad jurídica» de estos centros, puesto que tienen un «régimen especial» que «corta la libertad ambulatoria del inmigrante durante un corto espacio de tiempo». Por ello, defiende que un preso, en una cárcel convencional, «tiene más derechos que un extranjero internado en estos recintos».

Además, si se cumplen los 60 días y el inmigrante no ha sido repatriado, la persona sale del centro con una orden de expulsión bajo el brazo que, en muchas ocasiones, no se llega a cumplir, puesto que el afectado prefiere quedarse en España para intentar buscar trabajo.

Según el secretario general de Andalucía Acoge, otra carencia es la atención social posterior que se ofrece. «A los CIE llegan víctimas de tratas, menores no acompañados y otras personas con una problemática grave que requieren una intervención social profunda», señala. Por ello, exige a las administraciones un mayor control y un seguimiento «más profundo» para que estos inmigrantes no acaben en la indigencia.

«Nos preocupa la persona y lo que hay a su alrededor», mantiene Araguás, quien sostiene que, a raíz de la crisis alimentaria de Somalia, muchos inmigrantes de este país se ven abocados a montarse en una patera en busca de un futuro mejor.

De otro lado, fuentes de Cruz Roja Granada aseguraron que este verano están llegando a las costas granadinas «más del triple de inmigrantes que el año pasado». De hecho, el sábado 23 de julio fueron interceptadas varias pateras con un centenar de «sin papeles». «Estamos llegando a los niveles de 2008, cuando se registró un pico histórico», señalaron las mismas fuentes.

Recientemente, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, reiteró su petición de cierre de los CIE porque «no tienen mucho sentido» y, al mismo tiempo, solicitó «agilizar algunos de los trámites que rodean la estancia de los inmigrantes en estas instalaciones y evitar así que queden mientras se solucionan los mismos en un limbo jurídico».

Chamizo recordó que las personas que se encuentran internas en estos recintos no tienen delito penal alguno, sino administrativo. En este sentido, reconoció que «el sistema legal es así», si bien precisó que «esto no quiere decir que no sea injusto».

En referencia a la saturación de los centros, aseguró que «existe un riesgo de masificación», por lo que apostó por «arbitrar medidas diferentes, como agilizar algunos trámites para que la expulsión sea más rápida».