Según indicó Arria de estos cinco etarras, dos trabajan junto a Cubillas en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. Los otros cuatro etarras están en «otras posiciones» de la Administración de Chávez.

Arturo Cubillas Fontan es el Jefe de Seguridad y Director Adscrito a la oficina de Administración y servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, desde octubre de 2005.

Supuesto responsable de ETA en Venezuela habría organizado cursos sobre explosivos. Otro de los etarras que ostenta un cargo en el Gobierno de Venezuela está acusado de diez asesinatos, dos de ellos frustrados. Se trata de Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, quien actualmente trabaja en el INTI. También trabajan para la administración de Hugo Chávez Luis María Olalde Quíntela, acusado de cuatro asesinatos; Jesús Ricardo Urteaga Repolles, implicado en otros cuatro crímenes; José Martín San Sebastián Aguirre, imputado en dos asesinatos y José Ayestarán Legorburu ex trabajador del INTI y procesado por 3 crímenes (está detenido), según recoge la web de la AVT.

Arria subrayó que «no hay ningún Gobierno que tenga tantos terrorista a su servicio». Según recordó estas personas forman parte del grupo de 34 etarras que llegaron a Venezuela en 1989 deportados desde Argelia después del fracaso de las negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Felipe González. Asimismo, indicó que a los medios que de alguna manera «ETA podría financiarse con las expropiaciones dirigidas por el etarra Arturo Cubillas».


Caracas sigue sin contestar dos semanas después de la petición de extradición
Hace ya dos semanas que la Fiscalía venezolana recibió la petición española de extradición de Arturo Cubillas y todavía no ha llegado ninguna respuesta, tal y como han confirmado fuentes gubernamentales, que insisten en que esa notificación llegó desde la embajada española. Ahora, sin unos plazos marcados ni una respuesta mínima obligatoria por parte de la Justicia venezolana, habrá que esperar a que ésta quiera remitir al embajador español su decisión, la cual trasladará al Ministerio de Exteriores y a la Justicia de nuestro país.