Ayuntamientos
Torrijos duda de la «firmeza» del PSOE en el uso público de Tablada
El primer teniente de alcalde considera que el Potaus y la Ley del Suelo amparan el cambio a titularidad municipal.
SEVILLA- Tablada se expropiará. Así de tajante, y de confiado, se mostró Antonio Rodrigo Torrijos respecto al futuro de la dehesa. El primer teniente de alcalde no tuvo además problema en criticar la postura de su socio de gobierno respecto a un proceso que tanto el juzgado de primera instancia como el TSJA ya han rechazado. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, apostó en su día por abrir una negociación con los propietarios, la sociedad privada «Tablada Hispalis», para desbloquear la situación. Torrijos argumentó, en una entrevista con Europa Press, que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) y la nueva Ley del Suelo constituyen una «nueva realidad jurídica y administrativa» que «permiten» otro intento de expropiación sobre las 367,4 hectáreas de Tablada, mostrándose «dispuesto» a negociar con la sociedad privada, pero siempre según el valor de los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección.
En ese sentido, criticó que «el PSOE y nosotros coincidimos respecto a la naturaleza del suelo y el futuro de la dehesa, verde y pública, pero en esto de pública, el PSOE tiene menos firmeza», en alusión a las negociaciones planteadas por Monteseirín, cuya pretensión es explotar una franja urbanizable, que podría ser ofrecida a los actuales propietarios.
Ocho años y pendientes del Supremo
Los tribunales han dejado clara una cosa: Tablada debe ser verde. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), contempla el carácter rústico de la dehesa –«suelo no urbanizable de especial protección»–, cuyo fututo continúa estancado en un penoso proceso que se extiende ya ocho años. Tanto los propietarios como el propio Ayuntamiento mantienen sendos contenciosos abiertos, que deberán resolverse en el Tribunal Supremo. La fuerte oposición de IU ha impedido al PSOE avanzar en un proyecto que el alcalde no podrá ver cumplido antes de finalizar su cuarto mandato.
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