Pacto por la Sanidad

Los llamamientos recientes de Mariano Rajoy y de Duran Lleida a alcanzar algún tipo de pacto político para hacer frente a la situación crítica de la Sanidad deberían ser atendidos con urgencia por el Gobierno socialista. La radiografía del sector es sencillamente alarmante. Con una deuda superior a los 9.300 millones de euros, la Sanidad absorbe entre el 40% y el 50% del presupuesto de las comunidades autónomas. Algunas de éstas, como Andalucía, acumulan el 25% de la deuda total; y Castilla-La Mancha debe sólo por este concepto 506 millones de euros. Ni que decir tiene que la morosidad también está disparada y supone un pesado lastre para multitud de empresas proveedoras. Aunque la media nacional se sitúa en torno a los 400 días, hay autonomías que pagan a 600 días y más, como es el caso de Murcia, Valencia y Andalucía. Como es natural, cada gobierno regional es responsable de sus actos y si la gestión sanitaria ha desembocado en un callejón sin salida deberán asumir su fracaso y no endosárselo al Gobierno central o a misteriosas fuerzas del mercado. Casi sin excepción, todos los gobernantes autonómicos han afrontado la factura sanitaria sin rigor ni visión de futuro, sin responsabilidad ni coraje, seguramente porque es un terreno muy sensible y de altísimo coste electoral. Sin embargo, no son los únicos a los que hay que censurar duramente. Tampoco el Gobierno central ha sabido o ha querido liderar un plan coordinado para afrontar el problema, tal vez porque le interesaba más obstaculizar a las comunidades gobernadas por el PP. Pero así no se puede seguir. La Sanidad española está enferma y necesita de un tratamiento de choque consensuado para sacarla adelante. Con la salud no se puede jugar ni política ni electoralmente. Maniobrar para sacar ventaja partidista de un servicio tan vital para la sociedad es deleznable. De ahí que requiera un compromiso de todas las fuerzas políticas y sindicales. Las medidas necesarias no serán ni populares ni fáciles de aplicar. Es testigo de última hora Artur Mas, que ha emprendido una tímida reestructuración de la Sanidad catalana y se ha topado con una fortísima resistencia. Como en las operaciones médicas de alto riesgo, sobre todo cuando se ha tardado mucho en tratar al enfermo, no hay más remedio que intervenir con decisión. Habrá que evaluar sin demagogias si el copago es o no una fórmula inexorable; habrá que reestructurar un sistema que cuenta con medio millón de trabajadores y analizar su productividad; habrá que combatir con más energía y eficacia uno de sus tumores malignos, el absentismo, que alcanza los 21 días de baja al año por persona; habrá que sopesar el mantenimiento de costosas prestaciones; y, en definitiva, habrá que valorar otros modelos de gestión que, sin incurrir en la privatización, liberen a los hospitales y ambulatorios de la burocracia, la ineficiencia organizativa y el despilfarro. La tarea es gigantesca y resulta muy superior a las fuerzas de cada comunidad autónoma. Les corresponde a sus dirigentes y al Gobierno de la nación impulsar un pacto por encima de tactismos o cálculos electorales. En todo caso, lo que no tiene justificación alguna es permanecer con los brazos cruzados ante el desastre.