Las Cortes amplían su compromiso con las familias con leyes de calado social

Valladolid- El nuevo curso político no arrancó de la mejor manera. La sesión extraordinaria convocada para sacar adelante tres normas, dos de ellas por consenso, se iniciaba con un minuto de silencio en memoria de Santos Villanueva, secretario general de Presidencia y número dos del PP de Valladolid. En la arena política, el consejero de Fomento, Antonio Silván, aseguraba que la Ley de Derecho a la Vivienda se convertirá «en la primera Ley de Vivienda de Castilla y León», y subrayaba que sale adelante para estar «al servicio de los ciudadanos» y para «garantizar la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario» castellano y leonés.

El consejero de Fomento manifestó que ésta es una «Ley necesaria, realista y flexible, con vocación de permanencia en el tiempo» y «capaz de adaptarse a las circunstancias del mercado». Destacó que aborda de forma «transparente y ágil» la normativa urbanística y la ordenación del territorio y acerca a compradores y arrendatarios sus derechos, los regímenes de protección y la importancia de la inspección. El texto destaca que no se debe superar la tercera parte de los ingresos familiares en el pago de viviendas protegidas, y «refuerza la lucha contra el fraude, poniendo al día las sanciones», según Silván.

Nuevas medidas
Pero, esta nueva Ley de Vivienda, que llenará de esperanza a muchas familias y regulará el sector de forma global. Además, recoge las modalidades de protección oficial, y que a su vez incorpora las figuras, como las referidas al ámbito rural, y dota de más protagonismo en este campo a las entidades locales.

El portavoz del ramo en el PSOE, Alfredo Villaverde, por su parte, apostó por la «planificación de la limitación y el control, frente a la especulación hasta ahora existente» y defendió la necesidad de que las administraciones trabajen para «reactivar al sector de la construcción residencial». Un ámbito que «moviliza cuantiosos recursos de diversos apartados del marco productivo de nuestra Economía», sentenció.

La Ley, según dijo, contribuirá a reforzar la planificación estatal y a aplicar las líneas básicas de las normas del Gobierno socialista.

Renta de Ciudadanía
Mientras, el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, destacó del otro proyecto de Ley consensuado, el de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que ésta prestación se «configura como una renta familiar», que alcanzará una cuantía máxima del 130 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), en torno a 700 euros, frente al 100 por cien que se aplicaba en la actualidad, a partir del Ingreso Mínimo de Inserción. Si bien, la cuantía base se sitúa en 426 euros, lo que supone el 80 por ciento del Iprem.

César Antón subrayó la «flexibilidad y adaptabilidad» en la aplicación de esta prestación, que definió como «la última red de protección» para sus cerca de 25.000 posibles beneficiarios. Para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los solicitantes, se establecerán comisiones de Seguimiento y equipos multidisciplinares para vigilar la efectividad de las medidas, que busca hacer frente a la exclusión social estructural o coyuntural.

Desde el PSOE, Francisco Ramos, denunció el retraso de la Ley, que desde la Junta se prometió para agosto de 2009, y que «aún tiene pendiente la aprobación del decreto que facilitará su desarrollo reglamentario». A su entender, la prestación está «acompasada con el calendario electoral», circunstancia que «no sabemos si responde a la casualidad o a la planificación».

En el tramo final del pleno, se aprobó por unanimidad una declaración institucional contra el plazo de cuatro años, fijado por la UE, para el cierre de explotaciones de la minería del carbón.