El PNV retira el apoyo a Zapatero tras la impugnación de Bildu

Estas fuentes no descartaron que Iñigo Urkullu se reuniera ayer mismo con el jefe del Ejecutivo para explicarle en persona los motivos que han llevado a adoptar esta drástica decisión al EBB del PNV y que anunció en una declaración pública, en la que leyó ante la Prensa un comunicado y no admitió ninguna pregunta.

«Es una estrategia tramposa»
El líder peneuvista recrimina a Zapatero que no haya puesto el acento más en el fin próximo de ETA y en la contribución a este objetivo que supone el rechazo de la violencia declarado primero por Sortu y luego por los representantes de Bildu, coalición integrada por EA, Alternatiba e Independientes, según puntualizó a este diario un dirigente del PNV.

Es más, considera que el Ejecutivo está detrás de la resolución del Supremo. Así lo advirtió Urkullu públicamente. «El PNV está indignado con esta no validación de candidaturas. Se trata de una estrategia tramposa que busca exclusivamente el beneficio electoral a corto plazo del pacto PSOE-PP en Euskadi», alertó.

Zapatero, por su parte, rebatió las críticas del nacionalista, al que negó que el Gobierno esté detrás de la sentencia del Supremo. Incluso aseguró compartir con él el diagnóstico sobre la importancia de que la izquierda abertzale regrese a las instituciones democráticas para acelerar la normalización del «conflicto vasco», puntualizaron fuentes nacionalistas.

No obstante, la respuesta del presidente no convenció a Urkullu. Por eso, el penuvista avisó de que «el poder ejecutivo no se puede escudar en que se trata de una decisión judicial. Se ha tratado de una decisión política. Ha sido el Gobierno español el que ha tomado la decisión de impugnar todas las candidaturas presentadas. Ha sido el Gobierno español el que ha retomado la teoría de que «todo es ETA». Y ha sido el Gobierno vasco quien se ha mostrado aún más beligerante que el propio Gobierno español defendiendo la concurrencia de más candidaturas contaminadas».

«La política es el presente y el futuro de Euskadi... y el respeto a los principios y a los derechos democráticos fundamentales. El primer derecho es el de la libertad y la participación política», afirma el PNV en su comunicado. En defensa de estos principios, Urkullu tachó de «extrema gravedad» la no legalización de las listas de Bildu.

Y es que, según fuentes nacionalistas, el Gobierno estaba dispuesto inicialmente a permitir que Sortu se inscribiera en el registro de Partidos Políticos de Interior. De hecho, Zapatero y Urkullu diseñaron el año pasado una hoja de ruta hacia el final de ETA, en la que la izquierda abertzale concurría a los próximos comicios. Sin embargo, «el temor cundió entre las filas socialistas por el incesante acoso del PP a Rubalcaba. El Gobierno ha evitado dar más artillería al PP» al ilegalizar Sortu y Bildu, en un momento en el que las encuestas colocan al PSOE en la oposición por una larga temporada.

El escenario político español y vasco se complica aún más con la decisión de EA de no concurrir a las elecciones si el TC no deja que lo haga bajo el paraguas de Bildu. Precisamente, fuentes gubernamentales achacan la decisión del PNV de suspender su relación con el Gobierno a la «revuelta escena política vasca».

La cancelación de relaciones con su socio nacionalista ponen en la práctica en una difícil situación a Zapatero, que ya contaba con el respaldo del PNV para aprobar sus últimos Presupuestos Generales del Estado de 2012. A las puertas de las generales, el presidente abrirá la mano en estas cuentas, en las que no se congelarán los salarios de dos millones de funcionarios y ocho millones de pensionistas, que este año han sufrido con mayor rigor la virulencia de la crisis.

En este escenario, el Gobierno ha trasladado, en reiteradas ocasiones en esta última semana, a dirigentes del PNV sus serias dudas de que el Constitucional avale las tesis del Supremo. Por eso espera reconducir su relación con el PNV si, al final, el TC permite a Bildu acudir a las urnas. Mientras, los nacionalistas llevarán su causa a favor de esta coalición a todas las instituciones políticas y judiciales nacionales e internacionales que consideren oportuno, incluido al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en marzo pasado falló a favor de Otegi y en contra del Ejecutivo español.