La Junta aún no ha decidido si subirá las pensiones más bajas en 2011

SEVILLA- El plan de ajuste que perfila la Junta de Andalucía está pendiente del decreto ley que aprobará mañana el Consejo de Ministros. En función de lo que se decida a nivel nacional y cómo afecte a la comunidad, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, moverá sus fichas, aunque la semana pasada ya avanzó en el Parlamento algunas directrices: ahorro en el gasto sanitario, reprogramación de las inversiones o posible recorte de las empresas públicas.Entre las interrogantes está si la Junta complementará en 2011 las pensiones asistenciales y no contributivas, como viene haciendo de forma consecutiva desde el año 2003. Una medida avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional y que le ha acarreado no pocos encontronazos con el Partido Popular, que siempre ha visto una ruptura de los criterios establecidos a nivel estatal. El severo plan anticrisis de Zapatero ha puesto en revisión todas las partidas. La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz evitó confirmar tras la reunión del Consejo de Gobierno de ayer si la medida se implementará el año próximo. «Estamos muy condicionados por las decisiones que se tomen en el marco nacional», abundó.En 2010, teniendo en cuenta que los presupuestos eran de contención económica, la subida se redujo a la mitad, del 8 por ciento de 2009 pasó al 4, pero aún así supuso un importante desembolso económico: 25,5 millones de euros. En total, se beneficiaron 118.000 personas. Por otra parte, no hay que olvidar que el presidente Griñán, por el mes de septiembre, ya dejó claro que esta medida sería intocable, pese a enfrentarse a unas cuentas de crisis.Está también en el aire el porcentaje concreto o la cuantía con la que contribuirá Andalucía al plan de ahorro del Gobierno, así como si se revisará el dinero recibido por patronal y sindicatos, tal y como ha pedido el PP-A principios de año, la Junta canalizó para estos dos colectivos unas partidas para formación que rozaron los 80 millones de euros, según consta en el BOJA.Si la Junta extenderá la rebaja del 15 por ciento salarial a los altos cargos de los órganos de extracción parlamentaria, como puede ser el Consejo Audiovisual de Andalucía o la Oficina del Defensor del Pueblo, tal y como reclama el PP en una Proposición no de Ley que ha registrado en el Parlamento, también es una incógnita. «Comprendo al cien por cien el interés que tienen en seguir precisando las medidas», se justificó la consejera, pero por el momento hay que esperar. Lo que sí aclaró Moreno es que «la voluntad» del Gobierno andaluz es que el recorte salarial (en principio cifrado en el cinco por ciento de media) «les afecte a todos los trabajadores del sector público por igual», dado que «nadie entendería que afectara a unos sí y a otros no». Un día antes, sin embargo, el consejero de Economía, Antonio Ávila –a su lado en la rueda de prensa– no desveló si alcanzaría a las empresas públicas. Moreno, en definitiva, reafirmó lo dicho ya por Griñán en el Parlamento el pasado jueves, por lo que los más de medio millón de empleados públicos de la comunidad (según la EPA del primer trimestre) sufrirán la rebaja salarial, incluidos los de empresas como la Radio Televisión de Andalucía, precisó la consejera. En este sentido, PSOE y PP defendieron ayer en el Parlamento que se produzca una rebaja de los sueldos de los directivos de la RTVA, y su director, Pablo Carrasco, garantizó un «ejercicio de responsabilidad». Carrasco cobra casi 140.000 euros al año, el suelo más alto de la Admnistración, frente a los 81.155 del presidente de la Junta.