Sumario SGAE: la clave en 18 tomos

Desde ayer y hasta el próximo día 16 se celebrarán una decena de asambleas para proponer el nuevo sistema electoral y designar a los diez miembros que formarán la comisión encargada de redactar la regulación. Este proceso se inició el pasado mes de julio cuando, a raíz de la investigación abierta por la Audiencia Nacional, la junta directiva de la SGAE dejó vacante la dirección de la sociedad, puesto ocupado por Eduardo Bautista hasta su renuncia, nombró presidente a Santiago Moncada en sustitución de José Luis Borau y convocó elecciones.

La asamblea decidirá
Los socios de Castilla y León han sido hoy los primeros convocados a celebrar una preasamblea, y le seguirán los de otras nueve comunidades autónomas en breve. La comisión que surja deberá ser aprobada en asamblea general el próximo 20 de septiembre, y sus propuestas se trasladarán a otra el 25 de noviembre. Con la nueva regulación, los socios acudirán de nuevo a las urnas el 16 de enero de 2012, sólo seis meses después de la última cita electoral, salpicada por la investigación judicial abierta por un presunto desvío de fondos de la entidad.

Mientras el futuro de la SGAE comienza a perfilarse, en breve habrá algo más de luz sobre su pasado. El lunes por la tarde el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz levantó el secreto de sumario de la causa que instruye contra varios ex altos cargos de la entidad. Sin embargo, los abogados de los socios personados como acusación particular aún no han podido tener acceso a éste por diferentes motivos.

En el caso de José Stampa, letrado que representa a José Miguel Fernandez Sastrón, el candidato de oposición a Bautista en las pasadas elecciones, está a la espera de que se terminen de escanear los 18 tomos del sumario, un volumen que obliga a trabajar en formatos más manejables. Otros letrados deben ser ratificados por el juez Ruz para poder tener acceso al sumario, ya que el magistrado dictó el lunes un auto que vincula el que cinco socios puedan personarse como acusación a que lo hagan «bajo la misma dirección jurídica y representación procesal». Es el caso de Manuel Liso, Javier de la Cueva y sus cuatro representados –Antoliano Toldos, José Antonio Prieto, Marcos-Joaquín Navarro y Luis Cobo «Manglis»– y de un quinto socio, Hermes Orlando Calabria. Contra esta obligación –que un único abogado los represente a todos–, cabe recurrir en el plazo de cinco días. Y así lo harán, ya que entienden que sus objetivos en un caso tan complejo difieren. Este requisito no afecta a Sastrón, ya que también actúa como perjudicado por un presunto delito societario.

De los 18 tomos del sumario cabe esperar varias claves: es probable que juegue un papel importante la revisión de todas las transcripciones de las conversaciones telefónicas de los imputados; también la revisión pericial de los proyectos de desarrollo tecnológico encargados por las sociedades «fantasma». Acaso el sumario apunte, aseguran las fuentes consultadas, al origen del fraude. «Habría que rastrear los muestreos estadísticos de los socios», señala De la Cueva sobre los métodos de recaudación de la entidad, siempre subrayando que son sólo intuiciones, a la espera de estudiar el texto. «El sumario está cerrado en falso», aventura Liso, que cree que quedan asuntos sin abordar como la red Arteria y que las cantidades en juego podrían ser mucho mayores.

En relación con esto, el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el arquitecto Santiago Fajardo contra varios miembros de la anterior cúpula de la SGAE, entre ellos Bautista, por un presunto delito contra la propiedad intelectual en relación a las obras del Auditorio Arteria Al-Andalus de Sevilla.

¿Qué aclarará el texto?
- Los 18 tomos del sumario del juez Ruz (abajo) seguramente obliguen a revisar las transcripciones de las conversaciones telefónicas de los imputados, en las que pueden anidar pruebas de delitos.
- El desvío de fondos podría tener su talón de Aquiles en los resultados de los contratos: habrá que ver la valoración pericial de los proyectos de desarrollo tecnológico encargados a sociedades «fantasma», algo parecido a la trama de informes inexistentes del famoso «caso Filesa».
- El procedimiento podría apuntar nuevas direcciones, como la red inmobiliaria Arteria.