España investigada por si se discrimina a los extranjeros en la Ley de Costas

En la carta, del pasado 15 de julio, la Comisión señala que ha recibido un número «cada vez mayor» de quejas de ciudadanos europeos sobre la aplicación de esta ley de 1988 y sus consecuencias, como «la expropiación o la demolición de propiedades adquiridas de buena fe». Estas quejas también han llegado en numerosas ocasiones a manos de ciudadanos principalmente británicos y alemanes a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Una eurodiputada, la británica Marta Adreasen, fue más allá y comparó a España con Zimbabue por el desalojo de sus compatriotas debido a la Ley de Costas durante la comparecencia del presidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado julio en la Eurocámara. Ha sido precisamente una pregunta de Andreasen a la Comisión la que ha motivado el envío de la carta a Madrid.

Aunque el Ejecutivo comunitario reconoce que la normativa de propiedad y urbanismo es competencia de los Estados miembros, como recordó en el pasado para no violar el principio de subsidiariedad, esta vez Reding ha decidido meter las manos «dado el posible impacto de esta legislación en ciudadanos que ejercen su derecho a la libre circulación», según dice la carta. La vulneración de este derecho, protegido por la Directiva de Libertad de Movimiento de 2004, es el mismo que ha llevado a la luxemburguesa a investigar a Francia por las expulsiones de ciudadanos búlgaros y rumanos, de etnia gitana, y que han provocado un duro enfrentamiento entre Bruselas y París.

Como primer paso para aclarar si la aplicación de la Ley de Costas está en línea con la legislación comunitaria, Bruselas solicita al Ministerio de Espinosa datos estadísticos sobre las expropiaciones y demoliciones que afectan a ciudadanos españoles y, por otra, a ciudadanos del resto de la UE. Pregunta igualmente cuáles son las «soluciones judiciales» que ofrece la legislación española para los ciudadanos afectados, y cuáles son las condiciones de expropiación y, si es el caso, de compensación incluidas en la Ley de Costas, así como datos sobre las soluciones judiciales dadas y las compensaciones ofrecidas hasta la fecha. Además, interroga sobre «cómo se tiene en cuenta el hecho de que las propiedades fueron adquiridas de buena fe».

La veterana política, mano derecha del presidente José Manuel Durao Barroso, no es la primera vez que se enfrenta a España desde que asumió su cartera de guardiana de los derechos fundamentales europeos el pasado febrero. Durante la Presidencia española mantuvo un duro encontronazo delante de las cámaras con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, con motivo de la orden de protección europea para las víctimas de violencia de género.