Junta y Gobierno se juegan hoy la vuelta del Guadalquivir al Estado

Sevilla- El tiempo vuelve a agotarse. Hoy finalizan los 15 días de prórroga que Gobierno central y autonómico se dieron para cerrar el acuerdo sobre la gestión del Guadalquivir. Y ello después de que se esfumaran, sin haber podido alcanzar un pacto definitivo, los seis meses de vigencia de la encomienda rubricada entre ambas partes, que otorgaba a la comunidad las competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del río que transcurren por su territorio. Un arreglo provocado por un fallo del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía andaluz, atendiendo un recurso planteado por el Gobierno extremeño.

De momento, ayer, representantes del Gobierno de España y de la Junta admitieron trabajar a contra reloj para intentar cerrar el acuerdo de transferencia que impida que las competencias sobre el Guadalquivir vuelvan al Estado, en un escenario además de contienda electoral como el actual. Según fuentes de la Junta, se ha negociado sobre la base de una propuesta elaborada por el Ejecutivo regional, que ha defendido siempre la viabilidad jurídica de su fórmula para que la comunidad decida sobre la gestión del «gran río andaluz». Si bien, otras fuentes apuntan que ese texto fue modificado por el Ejecutivo central y enviado de vuelta al regional para que lo estudiara y, al cierre de esta edición, no había consenso.

Cabe recordar que fue el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el que arrancara las negociaciones a finales de agosto, en un encuentro preparatorio con el vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves. Los dos saben que se juegan mucho si hoy no se sella un pacto que permita cumplir la sentencia del Constitucional, emitida el pasado marzo, y el traspaso de competencias que ambos han impulsado y defendido. En ese sentido, Chaves aseguró ayer que negociarían «hasta el último momento».

Desde la Junta también confían en que no se repita el «molesto» varapalo para los intereses del Gobierno autonómico que supuso el tener que prorrogar la encomienda por problemas que, según explicó la consejera de Presidencia, Mar Moreno, afectaban a la «gestión de autorizaciones de cánones y a la gestión y explotación de embalses» y no a la transferencia de la Policía de Agua.

Con todo, desde Algeciras (Cádiz), Chaves reconoció que las tratativas son «difíciles y complejas» porque «hay que respetar la sentencia del TC». En cualquier caso, según EP, quiso subrayar que el Gobierno central tiene «la voluntad política» para llegar a un acuerdo y dijo entender que la Junta de Andalucía también. Reiteró: «Vamos a negociar hasta el último momento».

Con quien no han consultado, según denuncian fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) y del CSIF, es con los representantes de los empleados públicos, pese a que, «si las competencias volvieran al Estado, se verían afectados casi 800 trabajadores que están cansados de la inseguridad laboral que padecen». Lamentan que «durante todo este proceso no se nos haya convocado ni una vez» y temen que los Ejecutivos «busquen no acatar el fallo del TC».

CLAVES
Un proceso complicado
1.- Desacuerdo previo
La ministra Rosa Aguilar y el consejero José Juan Díaz Trillo firmaron el pasado 7 de octubre la prórroga hasta hoy de un convenio que les permitió dilatar la encomienda de gestión del Gobierno que también dejaron vencer.
2.- El TC y el Estatuto
El Tribunal Constitucional anuló en marzo el artículo 51 del Estatuto de Autonomía que permitió en 2009 el traspaso de las competencias sobre las aguas de la Cuenca Hidrográfica que discurren por el territorio de la comunidad autónoma.
3.- Trabas jurídicas
Según explicó hace 15 días la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, las dificultades para llegar a un acuerdo definitivo con el Gobierno central no son de naturaleza «económica»
sino de tipo «jurídico».