Las prostitutas en proceso de reinserción o bajo protección no pagarán las multas

Valencia- El Ayuntamiento de Valencia perfila un cambio en su normativa que prevé sanciones de hasta 2.000 euros para aquellas personas que practiquen sexo en la vía pública . Las multas a prostitutas y clientes se establecerán en función de la gravedad de los hechos, es decir, las faltas leves, como la mera transacción de servicios, costarán 200 euros, mientras que si la Policía pilla a la pareja en pleno acto sexual, la cifra se elevaría hasta los 2.000.
No obstante, el Gobierno local de Rita Barberá tendrá en cuenta «ciertos atenuantes» y dejará en el aire el cobro en el caso de que la meretriz se halle en una situación de protección policial o haya accedido a someterse a un plan de reinserción. Además, a ambas partes se les dará un aviso - «hasta dos o tres veces»- antes de interponer la sanción, «aunque la Policía Local los identifica perfectamente porque suele tratarse siempre de las mismas personas. Habituales de estos servicios», según explican fuentes municipales.
«Donde nadie las pueda oír»
Así se desprende del borrador de la «ordenanza municipal sobre actuaciones en espacios públicos» que verá la luz el próximo mes de octubre con el apoyo exclusivo del Partido Popular, ya que el PSPV rechaza «que se sancione a la víctima», y EU y Compromís están en desacuerdo con toda la norma.
Sin embargo, para Médicos del Mundo el cambio legislativo no solo no sirve de nada, sino que además conlleva peligro para las mujeres. Según el presidente de esta ONG en la Comunitat, Rafael Sotoca, las medidas punitivas como esta no acaban con el problema, solo lo desplazan. «La presión policial las alejará del casco urbano y las obligará a ejercer la prostitución en carreteras de la periferia, en polígonos industriales, en zonas apartadas donde nadie las pueda oír si piden socorro».
Así ha ocurrido, asegura, en la ciudad de Alicante, donde hace tres años se puso en marcha una norma similar. «No ha servido para mejorar la situación de estar personas, sino para trasladar el foco. De hecho, cada vez están más escondidas y apartadas de la gente». Algo similar a lo que pasó también en Barcelona con la norma de 2006 que ahora han tenido que revisar y que incluye sanciones de hasta 3.000 euros para los clientes, pero mucho menores para las prostitutas, que, además, podrán sustituir la multa por una medida alternativa, «con lo que se refuerza la atención social a este colectivo», explican desde el Consistorio de la ciudad condal.
En cuanto a la posibilidad de que se les retire la multa si consiente en participar en un programa de reinserción, Sotoca opina que se trata de una alternativa «simplista e infantil». A su juicio, «se culpabiliza a la mujer. Con planes de este tipo se la responsabiliza de su situación, cuando en realidad ella es la víctima». En este punto, recuerda que el noventa por ciento de las que ejercen este oficio lo hacen obligadas -según el último informe redactado por la Generalitat, en la Comunitat hay entre 25.000 y 30.000 prostitutas-.
Y es que desde esta oenegé se apuesta por un plan integral que realmente acabe con esta lacra y fomente la sensibilización con este colectivo. «Hay que educar a los jóvenes, hacerles entender que no debe consumirse prostitución, que se trata de dignidad y respeto». Y mientras esto llega, hay que perseguir al cliente, al que sí debe multarse, «aunque en la práctica se hace poco porque es muy difícil pillarle ‘in fraganti'». «Nunca a la prostituta», pues puede darse el caso de que, además, acabe en escarnio público cuando, ante la imposibilidad de pagar las multas, estas se acumulen y las morosas vean publicado su nombre en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI).
Por su parte, ante la inminente aprobación de la norma, el Ayuntamiento ha reforzado la presencia policial en Velluters, principal barrio de la capital afectado por esta práctica.