El Ayuntamiento de Barcelona se atrinchera en la imposición del catalán

BARCELONA- Una vez más, a un mes de la cita con las urnas, el tira y afloja entre los tribunales y el Ayuntamiento de Barcelona, por el reglamento de uso del catalán, amenaza tormenta dialéctica.
A 30 días de las elecciones autonómicas, el pasado 25 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) suspendió cautelarmente siete artículos del reglamento lingüístico del Ayuntamiento. La decisión del TSJC indignó a todos los partidos con representación en el pleno municipal, PSC, CiU, ERC e ICV, los mismos que aprobaron el reglamento lingüístico que establece que el catalán es la lengua oficial y de uso normal y preferente de la administración. A todos, menos al PP, que fue quien interpuso un recurso en el TSJC para reclamar la suspensión del reglamento lingüístico.

La historia se repite
El PP, defensor del bilingüismo, denuncia que el reglamento en cuestión, a la práctica, impone un monolingüismo de facto a favor del catalán en la administración municipal. Ahora, seis meses después, el rifirrafe por el reglamento de uso del catalán vuelve a colarse en el debate preelectoral. Pero esta vez, lo hace de manos del Ayuntamiento, que ayer manifestó su intención de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) para evitar la suspensión cautelar del reglamento de usos lingüísticos.
El Consistorio ha presentado un escrito contra el auto de medidas cautelares del pasado 9 de febrero, que desestimó el recurso consistorial contra la suspensión cautelar de los siete artículos del reglamento lingüístico municipal que dictó el TSJC en octubre. Con este gesto, el Ayuntamiento, liderado por el socialista Jordi Hereu, sigue sin dar su brazo a torcer en defensa del reglamento lingüístico ante los tribunales.
El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Aberto Fernández, ayer insistió en que su partido se personará ante el alto Tribunal «para defender el bilingüismo». Fernández recordó que el reglamento lingüístico fue recurrido por el PP. Y reiteró que espera que con este recurso se suspenda la aplicación de la normativa, ya que «se trata de una regulación que va en contra de la libertad lingüística porque discrimina una lengua sobre otra –el catalán se impone sobre el castellano–».
El presidente del grupo municipal del PP subrayó que «es necesario garantizar el derecho de los ciudadanos de ser atendidos por la administración de forma bilingüe, así como que todos aquellos documentos, comunicaciones, notificaciones e impresos se redacte en ambas lenguas».
Con el reglamento municipal en mano, el ciudadano que quiere que un funcionario se dirija a él en castellano o bien quiera la documentación en la lengua de Cervantes tiene que pedirlos explícitamente.
Los argumentos del TSJC contra el reglamento lingüístico de Barcelona son los mismos que llevaron a suspender los reglamentos de los ayuntamientos de Sabadell, Sant Pol o la Universidad Pompeu Fabra.

Los artículos cuestionados
- El Ayuntamiento de Barcelona recurre la suspensión cautelar de siete artículos de su reglamento lingüístico, por parte del TSJC, que entiende que excluye al castellano.
- El primer artículo suspendido, el 3.1, señala que «las actuaciones internas del Ayuntamiento deben hacerse en catalán». El 3.2 alude a la obligación de redactar las actas de los plenos y comisiones en esta lengua, y el 3.4 regula impresos, rótulos indicativos de oficinas, sellos de goma y elementos análogos
- Otro artículo recurrido es el 12, que impone el catalán en «rótulos públicos».