Sanciones de 100000 euros por abusos hipotecarios

BARCELONA- Hace apenas cuatro meses, el departamento de Justicia de los Estados Unidos logró que cinco grandes bancos pagaran unos 26.000 millones de euros por abusos cometidos en los trámites hipotecarios durante el estallido de la burbuja inmobiliaria. Siguiendo el ejemplo de Barack Obama, el gobierno catalán aprobó ayer una modificación de la Ley del Código de Consumo que prevé sanciones de hasta 100.000 euros a las entidades bancarias que cometan abusos en los préstamos hipotecarios.

Entre las medidas para proteger al ciudadano que contrata un crédito hipotecario, la Generalitat fija que las cláusulas de demora de las hipotecas no podrán superar en 2,5 veces el interés legal del dinero. Cualquier disposición que incluya un tipo superior será considerada «abusiva».
También se refuerzan las obligaciones a los notarios de informar a la persona que va a comprar una vivienda de los derechos y deberes que asumen al firmar el contrato. La Generalitat pretende garantizar que el ciudadano que vaya a contratar una hipoteca disponga de toda la información al respeto. En esta misma línea, para evitar embrollos de última hora, la modificación de la Ley del Código de Consumo también incluye que el comprador tiene el derecho de disponer de la escritura del contrato al menos tres días antes de firmarse la compraventa.

Sin carácter retroactivo
Además, para poner fin a prácticas abusivas, el Govern regulará el contenido de la publicidad de los créditos hipotecarios. Prohibirá la publicidad engañosa y velará para que «en ningún caso genere falsas expectativas a los consumidores sobre la disponibilidad o el coste del producto financiero».

Finalmente, en caso de conflicto, la Generalitat promoverá su mediación y arbitraje. El único pero, es que todas estas medidas sólo se aplicarán en los contratos que se firmen a partir ahora. El portavoz del Govern, Francesc Homs, insistió en que todas estas novedades no tienen carácter retroactivo y por lo tanto no afectan a los contratos de compraventa que ya se hayan firmado. Lo único que puede hacer la Generalitat para defender a los ciudadanos que aceptaron una hipoteca con cláusulas abusivas es mediar en el conflicto a través de la secretaria de Vivienda.

Comisión parlamentaria
En paralelo al consejo ejecutivo del gobierno de Artur Mas, también se reunió, con carácter extraordinario, la Junta de Portavoces del Parlament para definir la composición de la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro y las entidades financieras que se constituirá el próximo 2 de julio. El vicepresidente primero del Parlament, Lluís Corominas, avanzó que el presidente será un diputado de CiU.

Por parte del PSC participarán los diputados Rocío Martínez-Sampere y Jaume Collboni; en nombre del PP, Enric Millo y Santi Rodríguez; en representación de ICV, Josep Vendrell y Joan Boada, y de ERC, Pere Aragonès y Sergi de los Ríos. El grupo mixto tendrá una miembro por cada subgrupo, Albert Rivera, por Ciutadans, y Alfons Tena, por SI. La comisión investigará las posibles responsabilidades de entidades financieras y la posible vulneración de los derechos al consumidor